El apetito de un monopolista lo alimenta el Estado. Todo monopolio, público o privado, es, por definición una aberración; configura una conspiración contra el interés público pues, al restringir la oferta y la competencia, busca crear condiciones artificiales de escasez para apropiarse de rentas que el mercado le niega. La competencia, por su parte, es o no es: o existe el libre mercado, ético, que en forma espontánea produce los mejores resultados para los consumidores, o no existe y los intereses creados despluman a los usuarios.

En el Ecuador el dirigismo es más contagioso que la pandemia. Las leyes están llenas de letra muerta a favor del interés público, pero al mismo tiempo inflan al Estado burocrático con la hipertramitología que nos caracteriza. Es un tramado que le cuesta a los contribuyentes y consumidores el equivalente de los impuestos, sea en costos directos como en costos de oportunidad por pérdida de eficiencia y productividad.

Los ataques contra los emprendedores y empresarios normalmente se los espera de gobiernos presididos por estadólatras. Ya lo demostró Correa innúmeras veces, incluso cuando pretendió decapitar la historia guayaquileña para que su puerto quedase para cabotaje interno y unos cuantos cruceros de turismo. No se espera tales actitudes de un gobierno que profesa ser amigo del mercado y, por lo tanto, ser practicante de sus cánones de libre intercambio y fluida competencia. Sorprende y molesta que en la ley conocida como de Creación de oportunidades que ha sido reenviada a la Asamblea (con o sin la ofensiva monopólica no interesa para la argumentación), en su disposición transitoria (14ª) se incluya una normativa que abre la puerta para la concentración de mercado de los servicios portuarios por parte del concesionario del Puerto Marítimo de Guayaquil en un eventual duopolio con el operador de Posorja. La consecuencia de este desatino sería la de incrementar los costos transaccionales, afectar la competitividad, y, en consecuencia, asestarle un golpe bajo a la economía guayaquileña y ecuatoriana.

Es una agresión típica de monopolistas la que ocasiona la respuesta equívoca del gobierno. No hay motivación para la pretensión y se pone la norma fuera del cuerpo de la ley. Ha habido, como evidencia previa, una sucesión de ataques del interesado, apoyados muchos de ellos por funcionarios conflictuados en un ministerio que, por lo demás, pasa desapercibido en su accionar de construir un país moderno. Se atropella la legislación vigente, y las justificaciones ofrecidas por el personero legal de la presidencia carecen de sustento y sindéresis. Por ser un tema económico demanda motivación expresa y requiere cálculo económico, con cifras y no basándose en meras leguleyadas; hay que demostrar los costos y los beneficios asociados con la existencia de los puertos privados, evaluar el efecto empleo que la supresión eventual de la actividad tendrá, justificar el que los usuarios tengamos que pagar más para soportar la carga burocrática, y, por otro lado, develar las rentas extraordinarias que busca el pretendiente monopolizador.

La razón de ser del Estado y su gobierno es la de servir el interés de los ecuatorianos y no de otorgar el beneplácito legal a los intereses creados.