Los combustibles han subido como consecuencia de la aplicación de una fórmula reptante que el anterior gobierno adoptó para enfrentar una situación que no da más. Congelar los precios no es una alternativa viable y la “focalización”, en la práctica, no ha pasado de ser una palabreja de inacción y aplicación del tontómetro.

Desde 1972 el Estado ecuatoriano ha dilapidado (y hemos, literalmente, quemado) la mitad de los ingresos petroleros totales en un subsidio ineficiente, inequitativo, y económicamente ruinoso.

Vender combustibles baratos no subió el nivel de vida de los ciudadanos; no aumentó el bienestar de los más pobres o mejoró las condiciones de salud y educación. Sí sirvió para que los contrabandistas hagan pingües ganancias; para que los beneficios fluyan hacia los más pudientes y para que el gasto público tenga presiones extraordinarias permanentes. Por cada dólar que el Estado erogó, recuperó un poco más de cincuenta centavos por la venta y comercialización de la gasolina, el diésel y el gas de uso doméstico: los tres grupos de combustibles de consumo masivo.

Las capitulaciones a favor de cada grupo de presión gremial o político no solucionan el problema. Es hora de dar las mejores respuestas posibles a preguntas como ¿quiénes son? y ¿dónde están? los que requieren compensación -por la vía de ingresos- para poder pagar los precios de mercado (o administrados) sin que su condición de bienestar vaya de mal a peor. Dicho de otra forma, los precios importan menos que la habilidad del usuario o consumidor para pagarlos.

Es posible, técnica y tecnológicamente, integrar matrices de datos dispersas que crucen nombres con localización, sexo, edad, instrucción, e ingresos de personas y familias. Es un ejercicio de análisis similar a la planificación de la vacunación usando el padrón electoral, mejorando la logística de la entrega del bono de desarrollo humano.

Con la información de los presupuestos familiares se puede calcular la incidencia que el precio de los combustibles tiene en el transporte, la alimentación y la generación eléctrica, y de esa forma arribar a un valor, o rango de valores, para hacer pagos directos a los afectados.

Si, a manera de ejemplo (y lo enfatizo), los cálculos determinan que el efecto promedio sobre el ingreso es de $ 25 por familia por mes y que el objetivo es atender a dos millones de familias, las transferencias tendrían un costo de $ 600 millones al año y los fondos deberían ser presupuestados. No importa cuán complejos sean los cálculos, las máquinas los pueden resolver y ayudar en la formulación de los parámetros y valores de los mismos.

Las acciones afirmativas deben tener como objetivo la singularización de los beneficiarios. Focalizar las transferencias de ingresos hacia los grupos hoy invisibles permite superar el atavismo del precio de los combustibles y de los pasajes, y poner límite a la intolerable presión fiscal que merma los recursos. Cifras de esta magnitud, con el redireccionamiento del gasto, son viables.

Un esquema bien montado de auxilio económico puede ser, además, la semilla de la creación de una red de protección social que permita salvaguardar la paz social, que es un bien público superior.