El Estatuto Federal: la territorialidad

La territorialidad separa al centralismo del federalismo. En el régimen unitario el territorio es gobernado desde una administración central donde las divisiones administrativas (parroquias, cantones, provincias o departamentos) poseen una autoridad subordinada. En el régimen federal los grados de libertad de la autoridad local son más numerosos y robustos, debiendo estar cotejados con la responsabilidad del buen manejo de los temas de su competencia.

La autonomía es la autoridad para manejar los recursos que el entorno local, geográficamente delimitado, produce y administrar el grueso de los impuestos generados por las actividades de consumo, producción y demás cargas que constituyen la tradición fiscal. El centro carece de la potestad para crear impuestos que luego son repartidos con la discrecionalidad propia de burocracias preocupadas por su propio poder y políticamente influenciables. 

En el caso ecuatoriano, la administración central preside un Estado quebrado, un régimen previsional colapsado, un régimen político poco representativo, un régimen laboral que conspira contra la creación de empleos, y un régimen tributario disfuncional. El crédito público está agotado, pagamos las tasas de interés más altas del mundo y los títulos valores emitidos por el fisco tienen, certeramente, la calidad de basura.

El régimen vigente golpea al ciudadano común a diario. Si perdió el empleo eso se debe a que el gobierno se tomó por asalto el Banco Central y le extrajo alrededor de $10.000 millones a la liquidez del sistema, enterrándolos en obras inconclusas, sobreprecios y en activos improductivos; en inflar la burocracia y pagar deuda en la que gasta más que en salud y educación. 

Hay que preguntarle a la gente ¿cómo califica un sistema educativo que es incapaz de evaluar el conocimiento de los alumnos? ¿Qué criterio le merece una pirámide educacional que en sus niveles más altos desemboca en un vacío de desempleo o empleo inadecuado? ¿De qué sabiduría especial están dotados los burócratas para decidir las carreras que los estudiantes deben seguir? 

Y, si el tema es la salud, ¿qué trato recibe un ecuatoriano cuando requiere servicios de salud? ¡Vuelva después de tres meses!, es una respuesta común, y todo, una vez más, por la estructura inherentemente ineficaz y corrupta, cuyos controles a distancia son inadecuados.

Las expectativas de recibir una pensión jubilar pueden verse frustradas si, como lo ha demostrado el estudio actuarial, la seguridad social, sin el aporte del 40 % del gobierno, no llega a finales de la década, y, con el aporte, a mitad del siglo. 

El ciudadano común está expuesto a la violencia diaria pues la Policía está organizada como un ente paramilitar, muchos de cuyos efectivos están más preocupados por los ascensos que por proteger a la gente. Un Estado fuerte cuyo mandato es la protección de la libertad y el bienestar de los ciudadanos conjuga el poder central con la fuerza a nivel local. Son características que brillan por su ausencia en el Estado ecuatoriano.

El principio de territorialidad crea un tejido fuerte de resiliencia y sustentabilidad. Eso se consigue en un Estado Federal bien concebido, no en el país en el que el centralismo ha convertido al Ecuador.