Ecuador, para nuestra desventura, como diría Eloy Alfaro, es un mal deudor en serie; la historia se remonta a la fundación de la República, cuando nuestros socios de la Gran Colombia nos endosaron 2178⁄ de los pasivos (sin activos de contraparte) encontrándonos nosotros ausentes de la mesa de negociación. Debieron pasar 150 años para resolver esa deuda, justo al tiempo en que caíamos en otras mucho más gordas. Desde 1982 hemos tenido cinco episodios de cesación de pagos, todos ellos atados a las vicisitudes del petróleo, de su mercado, y a la adicción secular de los gobiernos de incurrir en déficits permanentes y crecientes. Basta decir que los ingresos petroleros, que en el orden de $170.000 millones hemos recibido desde 1972, han servido para subsidiar los combustibles, servir los intereses de la deuda pública y amortizar el capital de la misma. Con el suelto hemos cubierto los costos de denominarnos país petrolero.

Y, para no perder la práctica, nos hallamos ante una nueva disyuntiva de cesación de pagos que el mercado percibe luego de evaluar el estado de las finanzas públicas. En cifras redondas, el presupuesto tiene $35.000 millones de gastos, $25.000 millones de ingresos; hay $14.000 millones de obligaciones dentro del capítulo de crédito público, $10.000 millones de carga burocrática y $7.000 millones para pagar por el funcionamiento del Estado. Este desequilibrio va acompañado de una total desolación en materia de respaldo político pues todos buscan hoy desasociarse de un gobierno que subsiste, más que por sus propios méritos, por razón del ciclo de los cuatro años.

Con una carga tan voluminosa de compromisos, y desenvolviéndonos en el medio de una recesión de la economía global, lo que se debe cuidar es que el fisco no se convierta en el vector del Covid-19 financiero que infecte a la economía del sector privado, que ya siente los apretones de la caída de los limitados productos de exportación con que contamos, y sería la víctima propiciatoria en caso de ‘default’. Es una tormenta perfecta de circunstancias adversas que un gobierno inepto en materia de comunicación pretende hacer pasar por el camino hacia la prosperidad.

La disyuntiva, con estas cifras y circunstancias es: ¿’default’? o ¿’no default’? Esta pregunta no se la hace al gobierno pues, aunque conocen la respuesta, siempre hallarán la forma de dorar la píldora. Los ajustes, entretanto, persisten: la inversión pública es inexistente a niveles compatibles con nulo crecimiento; baja el rol de pagos pero suben los gastos corrientes; suben los impuestos y bajan las recaudaciones; sube también el desempleo y baja el crecimiento de la economía a tasas negativas aún mayores, mientras se dedican todos los esfuerzos fiscales a servir el pago de los intereses en los bonos. Un signo claro de la alarma en el mercado es que, cuando al ministro se le ocurre expresar que se busca un “reperfilamiento” que sea amigable, el riesgo país se dispara a niveles comparables con los de Argentina, cuya suerte está prácticamente sellada.

Este gobierno se distingue por su parsimonia injustificada frente a las decisiones que caracterizan las buenas prácticas económicas. Le queda el último cartucho.