Francisco Rosales Ramos | Obedecer la ley
La Conaie aprobó 10 ‘exigencias’ al Gobierno. Dos de ellas son tan disparatadas que merecen ser transcritas
La aplicación irrestricta de la ley para gobernantes y gobernados es un requisito ‘sine qua non’ para el desarrollo de una sociedad. Si cada vez que a alguien le incomodan se irrespetan las normas constitucionales y legales será imposible el progreso.
Esto a propósito de la eliminación del subsidio al diésel. En Riobamba, la Conaie aprobó 10 ‘exigencias’ al Gobierno. Dos de ellas son tan disparatadas que merecen ser transcritas:
“Exigir la reducción del IVA del 15 al 12 % tomando en cuenta que no se ha resuelto el problema de la inseguridad en el Ecuador”.
“Declarar el estado de excepción comunitario a nivel nacional en los pueblos y nacionalidades. Se prohíbe el ingreso de la fuerza pública a los territorios y se activan las guardias comunitarias para la protección de los pueblos”.
Poco faltó para que se declaren estado independiente con ¿territorio? y gobierno propios. La arrogancia y la sinrazón exceden a las de cualquier personaje de la vida política. Y claro, junto a la declaración de guerra vienen los conocidos cierres de vías, ataques a centros de producción, advertencias de que impedirán el paso a los vehículos que llevan alimentos a las ciudades. En suma, el trastorno de la vida nacional.
Esta intolerable actitud -que no implica negar su derecho, como el de todos los ciudadanos, de protestar civilizadamente por decisiones de la autoridad- es consecuencia de la inacción de las instituciones obligadas a sancionar las infracciones y delitos penales que se producen a título de protestas populares. Los salvajes incidentes de octubre de 2019 y junio de 2022 quedaron en la impunidad, ya porque no se sancionaron a los responsables, ya también porque la Asamblea -cuando no- otorgó amnistía a los causantes de tales ilícitos.
La protesta merece respeto, pero la destrucción de bienes públicos y privados, la toma de pozos petroleros, la contaminación de agua potable y los obstáculos a la libre circulación son delitos tipificados en el Código Penal y debe sancionarse a los responsables. La impunidad es invitación a delinquir.