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Francisco Rosales Ramos | Nuevo golpe a Quito

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¿Existen estudios confiables que demuestren que la causa para los accidentes es el tráfico pesado en esas horas?

Quito ha perdido importancia política en las últimas décadas. En los 25 años del siglo XXI no ha habido un líder quiteño que llegue a la presidencia de la República ni han surgido personajes locales que destaquen en el ámbito público nacional.

Pero también está perdiendo liderazgo económico, pues hace buen rato que no se ha creado una gran empresa en el distrito metropolitano; y la construcción, otra hora líder en el país, hoy está relegada a segundas o terceras posiciones.

Y, por cierto, la responsabilidad corresponde a las propias élites quiteñas. Han perdido dinamismo y apego a la ciudad. Desde la caída estrepitosa de las fiestas por la fundación debido a los complejos del prófugo que se regodeó al quitarle la feria taurina, que fue el centro de tales festejos, a la ausencia de obras públicas de trascendencia, a excepción del nuevo aeropuerto, Quito no levanta cabeza.

La nueva prohibición para que el transporte pesado circule por la Simón Bolívar y la Ruta Viva por ocho horas diarias implicará un incremento de costos y pérdida de competitividad para los negocios de Quito y los valles aledaños. Los autores de tan negativa medida parecen desconocer por completo la operación de las empresas y la gran complicación que generará la medida. ¿Existen estudios confiables que demuestren que la causa para los accidentes es el tráfico pesado en esas horas? ¿Y que, prohibiéndoles, se los reducirá drásticamente? El director de la AMT, los concejales y el propio alcalde, ¿circulan en esas vías conduciendo sus propios vehículos para que conozcan la realidad? Deben hacerlo para que se den cuenta de que en la Simón Bolívar y la Ruta Viva existe un caos total por el irrespeto a los límites de velocidad y porque camiones, buses y remolques no circulan por el carril de la derecha y sin rebasar, para citar los de mayor impacto.

De manera que al menos la ciudadanía debe exigir a las autoridades que una medida tan radical y peligrosa solamente se la aplique con base en estudios serios y una vez que se hayan agotado otras alternativas menos traumáticas.