Francisco Rosales Ramos | Escaramuza comercial
Los países productores deben tener claras políticas antidroga y aplicarlas sin ambages
Según el expresidente Álvaro Uribe, cuando él dejó la presidencia se registraban 48.000 hectáreas de coca. A la conclusión del período de Juan Manuel Santos, la superficie llegó a 220.000 hectáreas y actualmente, con Petro, son 300.000 hectáreas.
De acuerdo con informaciones de una dependencia de Naciones Unidas, la producción de la droga en Colombia supera las 3.000 toneladas. Si el 70 % sale por los puertos ecuatorianos con destino a Estados Unidos y Europa, se explica el gravísimo problema que tiene Ecuador por el tráfico de cocaína proveniente de Colombia.
A su vez, sorprende la disminución del decomiso de droga en Ecuador de 294 toneladas en 2024 a 222 toneladas en 2025. Y los esfuerzos y hasta sacrificios de las Fuerzas Armadas y la Policía están a la vista. Por tanto, es obvio que la lucha contra el narcotráfico no está dando los resultados esperados. Bien ha hecho el presidente Noboa en anunciar una nueva estrategia para atacar este flagelo que en 2025 ha sido la causa principal para 10.630 asesinatos (más de 50 por cada 100.000 habitantes, cuando hace pocos años eran menores a 10). Si se agregan las extorsiones, los secuestros y robos de domicilios y vehículos se explica el ambiente de inseguridad que frena la inversión, el crecimiento y la generación de empleo.
Las solas cifras de sembríos de coca dadas por Uribe son suficientes para comprobar no solamente la falta de colaboración de Colombia con Ecuador para controlar la expansión de la droga, sino que generan dudas de obscuros acuerdos. Los países consumidores también tienen responsabilidades sobre el tráfico de cocaína y sus consecuencias, pero los países productores deben tener claras políticas antidroga y aplicarlas sin ambages.
Para presionar al gobierno de Petro a que asuma sus responsabilidades es fundamental la cooperación internacional. Los aranceles y las tarifas discriminatorias solamente generan represalias, ponen en peligro la frágil Comunidad Andina y son los ciudadanos de los dos países los que pagarán los sobrecostos.
