Francisco Rosales Ramos | Contratación pública
El país requiere con urgencia un cambio total en la contratación pública y una mentalidad diferente en los fiscalizadores
Existe consenso respecto a que el sistema actual de contratación pública es un freno al desarrollo, perjudica al Estado y a los particulares que contratan con los entes públicos y es fuente de conflictos que originan largos y costosos trámites legales.
En el proceso de contratación se han modificado constantemente las normas que los gobiernan. Así, el informe ex ante de la Contraloría, que exigía una aprobación previa a la celebración de los contratos, se eliminó con la expedición de la Ley de Compras Públicas de 2008, se reinstaló en 2021 y se eliminó nuevamente en 2025 para volver al examen ex post. Ninguno de estos sistemas ha dado resultado. El ex ante, porque la aprobación del contrato no exime de futuras glosas por la ejecución. El ex post, porque genera un gran recelo del funcionario por las glosas futuras, incluso con “indicios de responsabilidad penal”, cuyo efecto es diferir la contratación o no hacerla. Lo más seguro es no hacer nada para no tener problemas después.
Además, y muy importante, no ha logrado eliminar la corrupción. Al contrario, contratar con el Estado requiere conocimientos específicos restringidos para muy pocos elegidos que saben cómo hacerlo sin perder la camisa. El efecto ha sido contrario: los valores que paga el sector público para una obra o servicio son mayores que los que pagaría el privado por la misma adquisición. ‘Saber’ contratar con el sector público requiere dedicar tiempo y esfuerzos adicionales y precios incrementados para compensar los problemas, retardos en decisiones necesarias en la ejecución de los contratos, pagos tardíos e inevitables conflictos futuros.
El país requiere con urgencia un cambio total en la contratación pública y una mentalidad diferente en los fiscalizadores de la Contraloría. Los actuales sistemas, ni cumplen el propósito de eficiencia y oportunidad en las obras y servicios, ni han logrado eliminar la corrupción. Al contrario, junto con la lentitud burocrática son un freno a la obra pública, y a las concesiones al sector privado. La destruida Ruta Viva es claro ejemplo.
