Una razón para la tristeza: ¿Qué sentido tiene mover la conmemoración de fechas magnas en función del turismo, cuando por otro lado la COVID-19 y ahora su variedad delta establecen la conveniencia de no propiciar aglomeraciones?

Al respecto, el incremento de la pandemia en varios países de Europa que se confiaron y abrieron las restricciones, en función de la cobertura alcanzada con la vacunación, debería servir de advertencia para no proceder de manera semejante.

En todo caso, en el ambiente de libertad que se respira, debería celebrarse hoy el 10 de agosto, en lugar de dar paso a un turismo a media asta que puede pasarnos factura de nuevas contaminaciones masivas, a sabiendas de que la mutación de alta contagiosidad ya circula entre nosotros.

Otra razón: ¿Cuál será hoy la situación de Quito? ¿Podremos seguir regodeándonos con su bien merecida condición de Luz de América? ¿Podremos continuar sintiéndonos herederos de los patriotas que un día como el de hoy, en 1809, decidieron dejar de ser súbditos para ascender a la categoría superior de ciudadanos?

Ojalá que la ridícula situación que ahora nos llena de vergüenza esté por superarse o, mejor todavía, ya haya sido superada. Y, sobre todo, que se torne lección de lo que no puede volver a ocurrir. Si el pueblo es el soberano, hay que educar al soberano, enseñaba Sarmiento y la prédica tiene pleno y permanente sentido.

Razón final: dado un constante interés por el sector salud, no me era ajena su catastrófica situación, puesta ahora a ojos de la ciudadanía por el vicepresidente Borrero o el exministro Andino, en su condición de gerente del Teodoro Maldonado.

En verdad entristece que “la salud está enferma” y que poderosos nudos de corrupción vuelvan complicado y riesgoso intentar desatarlos.

Cuenten con el apoyo incondicional de los ciudadanos en la impostergable tarea de perseguir la corrupción.

Así como vacunar a la mayor cantidad de habitantes para contener la pandemia es imprescindible para avanzar en la reactivación de la economía, igual puede decirse: sin frenar a la corrupción no se logrará la reactivación.

Le corresponde al TribunalContencioso Electoral imponer su autoridad y disponer que su fallo es el que surte efectos jurídicos, y no el de los jueces provinciales. Así es como debe terminar este caso, antes que la situación se agrave más.