Columnas

Para volver a creer

Vivimos en un mundo de rumores por la falta de transparencia en el manejo de lo público.

Uno de los efectos colaterales más dañinos de la corrupción no sancionada es la suspicacia con que se empieza a mirar muchos de los actos, sean públicos o privados, que atañen al conjunto de la sociedad.

Tal cual se pensaba en la medicina que estudié: toda pleuresía es tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora, todo contrato es corrupto hasta que se evidencie que no está contaminado por la pandemia ética que asfixia al mundo.

Sin duda, hay muchos motivos para sospechar de las compras de insumos médicos realizadas por el Ministerio de Salud y, sobre todo, las del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Pobre IESS, saqueado de todas las maneras y pobres sus afiliados.)

El jueves, las denuncias de corrupción aludían a periodos previos de intervención y mencionaban informes de Contraloría como evidencia de que la corrupción también ha llegado, increíblemente, a la Universidad de Guayaquil. Escucharlo duele a quienes somos egresados de esa, ahora silente, alma mater. Es urgente esclarecer para rescatar su honra puesta en duda.

En el sector de energía suceden cosas parecidas, tanto en relación con las centrales hidroeléctricas como en el área de petróleo. Las denuncias son múltiples. Las acciones para atenderlas, escasas.

En obras públicas ocurren situaciones semejantes y se realizan adjudicaciones basadas en la falsificación de documentos para intentar tumbar licitaciones ya adjudicadas.

Ni hablar de lo que sucede en el campo de las altas finanzas del Estado. Se dan contratos de venta del patrimonio estatal con cláusulas secretas y siguen siendo reservadas las condiciones del gigantesco endeudamiento.

Por el estilo, viejo dicho en nuestro desmoralizado país: por donde se toca salta pus y, con seguridad, donde no se toca también hay putrefacción.

No podemos seguir viviendo bajo el manto de una permanente sospecha; actuar con cuidado es importante, más todavía cuando se manejan fondos públicos, o privados ajenos; pero el recelar siempre es paralizante. Por ello, la transparencia, excluyendo en lo posible los “secretos de Estado”, debería ser obligatoria.