¿De quién es la ciudad?
Para alcanzar estos derechos se requiere de su conocimiento por parte de los ciudadanos y, principalmente, el compromiso de los organismos públicos...
Si bien la pregunta pareciera retórica, no lo es tanto, ya que todos coincidirán, en principio, que hay una sola respuesta posible: la ciudad es de los ciudadanos.
El concepto Derecho a la Ciudad fue expuesto en 1968 por Henri Lefebvre, quien planteaba que sea la gente la protagonista de los hechos urbanos y que volviera a apropiarse de su ciudad.
Se establece este derecho sobre la base de que la ciudad es un producto social, cultural, pero también político, donde se han expresado y deben seguir expresándose las necesidades y las reivindicaciones colectivas.
La ONU define el Derecho a la Ciudad como el “…de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales, a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna, que debe compartirse y pertenecer a todos los miembros de la comunidad”.
En la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad se establecen seis grandes principios para que el ejercicio de este derecho sea real: primero, el derecho a que exista un hábitat que facilite el tejido de las relaciones sociales; segundo, el derecho a que todos se sientan parte de la ciudad y puedan hacer uso efectivo de ella, de sus espacios públicos -incluyendo las calles-; tercero, el derecho a vivir dignamente en una ciudad segura y con plenos servicios, en un ambiente sano y sostenible; cuarto, el derecho a la convivencia; quinto, el derecho a participar democráticamente del gobierno y de las decisiones sobre la ciudad, fortaleciendo de esta manera la administración pública; y, sexto, el derecho a la igualdad de derechos para todos.
Para alcanzar estos derechos se requiere de su conocimiento por parte de los ciudadanos y, principalmente, el compromiso de los organismos públicos -léase Estado y municipalidades- para formalizarlos, consolidarlos y garantizarlos a través de políticas públicas efectivas.
Volviendo a la pregunta inicial: ¿de quién es la ciudad? La ciudad es de todos, sin exclusión.