En un mundo polarizado, hablar sobre la guerra de Gaza puede llevar a una confrontación encarnizada de negación hacia el otro. Sin embargo existen criterios que nos unen y uno de ellos es la necesidad de poner fin al conflicto. Pero, ¿podemos obviar la cuestión de la participación de funcionarios de la ONU en el atroz atentado terrorista del 7 de octubre, que desencadenó la guerra contra el grupo terrorista Hamás?

 La presencia de la ONU en la región desde 1949 ha sido objeto de críticas, tildada en muchos casos de negligente y cómplice. El reciente escándalo en torno a la colaboración de empleados de la Unrwa en los ataques del 7 de octubre, considerados como la mayor matanza de judíos desde el Holocausto, ha generado una crisis que afecta gravemente la credibilidad y la utilidad de Naciones Unidas. 

Varios países, incluyendo Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Alemania y Japón, han suspendido sus fondos a la Unrwa hasta que se aclare esta situación.

La Unrwa, establecida en 1949 tras la guerra árabe-israelí, es uno de los programas mejor financiados de la ONU. Sin embargo, su gestión ha sido objeto de críticas por su presunta colaboración con organizaciones terroristas como Hamás. El informe Takkenberg de 2018 reveló corrupción generalizada dentro de la agencia, pero estas acusaciones llevan el tema a otro nivel. Basta con citar un ejemplo, el de Faissal Ali Mussalem, funcionario que transportó en una camioneta de la Unrwa a terroristas para atacar civiles en los kibutz de la zona y luego usó el mismo vehículo de la ONU para llevarse a una de las víctimas como trofeo.

Es importante recordar que fue la ONU la que en 1967, ante las órdenes de Egipto, retiró a las fuerzas de paz del Sinaí (desplegadas desde 1957), sabiendo que esto desencadenaría una guerra al dar vía libre a las tropas egipcias para una potencial invasión.

La decisión de varios países de suspender su financiamiento a la Unrwa es comprensible dada la gravedad de las acusaciones. La comunidad internacional debe tomar medidas firmes para garantizar la transparencia e integridad en la distribución de ayuda humanitaria y evitar cualquier complicidad con actos de terrorismo.