Fernando Insua Romero | Emergencia en la justicia
El problema no es falta de marco legal sino de valentía institucional
Entre fines de mayo e inicios de junio, cuatro comerciantes -tres hombres y una mujer, ella una vendedora de origen asiático- fueron secuestrados en distintos sectores de Guayaquil y hallados muertos, encadenados, dentro de una cisterna en Nueva Prosperina. No hubo rescate posible. El sitio del crimen era una celda improvisada de concreto y desesperación, con un ventilador colgando de un cable y botellas de agua dejadas por los captores. Murieron asfixiados, esperando una justicia que no llegó.
La Policía actuó. Detuvo a cinco sospechosos en flagrancia, con evidencia y testimonios. Pero al llegar a la audiencia el sistema judicial -ese que parece más interesado en cuidar formas que en salvar vidas- los dejó libres. Medidas sustitutivas, tecnicismos, dudas sobre procedimientos. En vez de un Estado que protege se vio uno que abdica. El ministro del Interior, John Reimberg, fue claro: “La corrupción hoy mata en las calles”. Y propuso algo inédito: declarar en emergencia el sistema judicial y exponer con nombre y apellido a quienes, con una toga, entregan impunidad con sello oficial. No es populismo, es urgencia, porque el país donde el poder judicial no responde a los policías que arriesgan su vida ni a las familias que entierran seres queridos, el Estado está dejando de ser uno que imparte justicia y se convierte en un poder cómplice que desmotiva a su población y a su fuerza pública.
Reimberg no habla al vacío. En solo 11 meses el Consejo de la Judicatura ha destituido a 46 jueces y 11 fiscales. Se han iniciado más de 100 auditorías patrimoniales. La Asamblea incluso aprobó una ley para evaluar anticipadamente a los operadores judiciales. El problema no es falta de marco legal sino de valentía institucional. La exposición pública de jueces cuestionados no debe entenderse como escarnio, sino como forma de control democrático; el propio ministro citó casos de autoridades de justicia que tiene decenas de fallos polémicos y cuestionables, Si se exige transparencia al policía, al médico, al maestro, ¿por qué no al juez? Si no hay justicia que actúe con sentido común, la ley será letra muerta. Y cuando la justicia libera al verdugo, no muere solo la víctima, también muere la fe en el país.
