Fausto Ortiz: El presupuesto de 2026: cada vez más difícil disimular
Entre lo que se registra y lo que realmente se ejecuta, el déficit se disfraza, pero no desaparece
Según el artículo 295 de la Constitución, la Función Ejecutiva debe presentar a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la cuatrianual con al menos sesenta días de anticipación al inicio del ejercicio fiscal. Esto implica que, como máximo, ayer debió haber sido entregada, y hoy corresponde empezar a revisar su contenido.
La capacidad de la Asamblea para modificar lo recibido es limitada por diseño constitucional. Ningún presidente estaría dispuesto a alterar esta lógica: ceder control sobre los números presupuestarios sería políticamente costoso.
La dimensión total de la proforma se calcula sumando el gasto público y la amortización de deuda. El gasto se clasifica en corriente y de capital (permanente o no permanente, según la terminología constitucional vigente). La amortización incluye pagos por vencimientos de deuda interna y externa, además de ciertos pasivos como atrasos o cuentas por pagar como las resultantes de arbitrajes ‘perdidos’.
Entre 2023 y 2025, el gasto corriente pasó de USD 20.075 millones (M) a USD 22.393M. El gasto de capital, en el mismo período, se incrementó de USD 6.250M a USD 10.932M. A primera vista esto podría interpretarse como un impulso a la inversión pública o a las transferencias a gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, buena parte de ese gasto de capital funciona como un ‘reservorio contable’ para registrar más de USD 4.000M que deberían destinarse a salud y educación, pero que no se ejecutan por falta de recursos o voluntad política. Se incluyen únicamente para cumplir con el marco legal que obliga a presupuestar un incremento anual de 0,5 % del PIB para cada sector.
La amortización de deuda creció de USD 4.425M en 2023 a USD 5.837M en 2025. Si se suman otros pasivos presupuestados, el total pasa de USD 5.177M a USD 7.635M en el período.
Con estos componentes, el Presupuesto General del Estado (PGE) pasó de USD 31.502M en 2023 a USD 40.960M en 2025. Si se excluye la amortización para observar únicamente el gasto, este se incrementó de USD 26.326M a USD 33.325M.
No obstante, considerando la subejecución sistemática en salud y educación, el gasto efectivo debería ubicarse por debajo de los USD 29.500M al cierre de este año. Hasta octubre, el gasto ejecutado apenas supera los USD 23.000M, lo que implica que en los dos últimos meses deberían añadirse más de USD 6.000M para cumplir con lo presupuestado.
Desde lejos y escribiendo dos días antes de ser presentada la proforma, estimo que el gasto corriente bordeará los USD 24 mil millones, el de capital superará los USD 13 mil millones, porque adicional a los USD 4.000M de salud y educación no ejecutados, deberá añadírsele otros USD 1.300M este año por el 0,5 % del PIB que le corresponde recibir a cada sector.
El gasto total más amortización podría superar los USD 46.000M. Se requerirá financiamiento para cubrir USD 7.800M en pagos de deuda pública y por ahí USD 1.500M de otros pasivos, a la espera del déficit fiscal para cuantificar la necesidad total de financiamiento.
El presupuesto de 2026 no solo revelará cifras, también silencios. Entre lo que se registra y lo que realmente se ejecuta, el déficit se disfraza, pero no desaparece. Y cada año, disimular se vuelve más difícil.
