Ernesto Albán Ricaurte | Gobiernos locales sin respaldo
Propongo implantar una segunda vuelta a partir de las seccionales de 2027. Esta modificación no exige reforma constitucional
En las últimas elecciones seccionales se confirmó un patrón preocupante: en las ciudades más pobladas los alcaldes ganan con porcentajes muy bajos. En Guayaquil se obtuvo 39,9 %; en Quito, 25,2 %; en Cuenca, 18,5 %. En Portoviejo, Loja, Riobamba y Durán tampoco se superó el 40 %. Solo Manta y Santo Domingo fueron las excepciones, con más del 60 %.
El panorama nacional refuerza la alarma: en 17 de las 24 capitales provinciales, los alcaldes obtuvieron menos del 40 % de los votos válidos, y en 10 de ellas no llegaron al 30 %. Entre los prefectos, 13 de 23 no alcanzaron el 40 %. El respaldo minoritario es la constante. No discuto la legalidad de esos resultados, sino su representatividad. Ganar siendo primera minoría significa que la mayoría habría preferido a ‘otro’.
El principal problema no está en los nombres, sino en dos reglas mal diseñadas: (i) basta con que un movimiento político logre 1,5 % del padrón cantonal para poder inscribir listas completas y, (ii) el financiamiento público electoral premia a todas las listas. Esto incentiva la proliferación de candidatos y pulveriza el voto. La segunda vuelta es una salida, aunque no la única; subir el umbral del 1,5 % o limitar candidaturas en grandes urbes serían soluciones menos costosas y de efecto similar, pero llevan estancadas en la Asamblea muchos años. Por eso propongo implantar una segunda vuelta a partir de las seccionales de 2027. Esta modificación no exige una reforma constitucional, sino cambiar el artículo 163 del Código de la Democracia para introducir una segunda vuelta cuando ningún candidato alcance la mayoría o el 40 % con una diferencia razonable sobre el segundo candidato. Esa regla debería aplicarse, en una primera etapa, a las prefecturas, a las alcaldías de las capitales provinciales y a cantones de más de 200.000 habitantes. Extenderla a todos los cantones implicaría costos muy altos para un país con recursos fiscales limitados.
Las ciudades y las provincias merecen autoridades elegidas por mayoría. Si queremos prefectos, alcaldes y concejales con legitimidad para enfrentar mafias, ordenar las urbes y exigir al Gobierno central, necesitamos algo más que victorias de minoría. O ajustamos las reglas o seguiremos con autoridades sin respaldo popular.
