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Muñeco porfiado

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El 25 % amplía la base para que grupos regionales, con controladores negocios no bancarios en Ecuador, participen en la compra del Banco del Pacífico. Eso se quiere torpedear

El 1 de julio, el legislador Alejandro Jaramillo (Pichincha, elegido por ID) planteó reformar el decreto-ley del 29 de noviembre de 2021, sobre “desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19”, que entró en vigencia por falta de pronunciamiento de la Asamblea en los 30 días a que se refiere la Constitución (art. 140).

El proyecto no se basa en la facultad que ese mismo art. 140, norma especial para decretos-leyes así publicados, da a la Asamblea para modificarlos o derogarlos, “con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución”, sino en la más general de “reformar las leyes” (Constitución, art. 120, 6º), como si una reforma legal no requiriese ser enviada al presidente de la República para que la apruebe u objete (Constitución, art. 137). No voy a elucubrar sobre esto, pero lo dejo anotado.

En todo caso, y más allá de la discusión sobre la viabilidad del proyecto (por proponer modificaciones a impuestos, frente al art. 135 de la Constitución que dice que “solo” el presidente de la República puede hacerlo), ahí también se intenta, sin que exista media palabra de sustento en la “exposición de motivos”, volver a definir como “principal” accionista de un banco a quien tenga el 6 % de su capital, pese a la obviedad de que ese porcentaje no da por sí mismo control, y pese a la realidad de que suele haber minoritarios hostiles con mucha mayor participación.

La memez del 6 % fue eliminada por el decreto-ley de noviembre de 2021 (que elevó al 25 % la participación en un banco para ser considerado el “principal” accionista al que se le aplica la restricción constitucional de tener negocios no financieros).

Ya hubo un primer intento de regresión, a inicios de año, en el informe de mayoría para segundo debate del frustrado proyecto de ley de inversiones, cuando se lo coló también sin explicación alguna. Este es el segundo.

Esto no es inocente. El 25 % amplía la base para que grupos regionales, con controladores negocios no bancarios en Ecuador, participen en la compra del Banco del Pacífico. Eso se quiere torpedear.