Columnas

Intromisión en prensa libre

En fin. Un indeseable intento, cuyo destino solo puede ser el archivo.

La asambleísta Marcela Holguín (Pichincha, UNES) presentó el pasado 5 de agosto un proyecto de ley para reformar la Ley de Comunicación, que restringiría, de ser aprobado, la libertad de los medios de prensa privados.

Empecemos con los conceptos. Los medios tienen -y deben tener- libertad para definir sus líneas informativas y editoriales. Por eso, la ley vigente les impone la obligación “de asumir las consecuencias legales posteriores a difundir... ...contenidos que lesionen los derechos...” (art. 19), si son “... asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a una persona” (art. 20).

Contracara de la responsabilidad es, pues, la libertad. El proyecto Holguín pretende, en cambio, que los medios respondan por lo que publican, pero limitar a sus dueños el manejo. No lo dice de frente, pero el resultado es el mismo. A guisa de ampliar las hipótesis de censura previa prohibida -norma dirigida a que los mandamases públicos de turno no interfieran en lo que los medios privados van a publicar- propone que se prohíba también que accionistas o socios “vete[n] los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación” (art. 7 del proyecto). Responsabilidad sin libertad. Linda la cosa.

Pero no solo eso. Se quiere también convertir a la Defensoría del Pueblo en una nueva Superintendencia de Comunicación, ese ente nefasto hoy extinto. Primero, creando los “defensores de audiencias y lectores” como servidores de la Defensoría del Pueblo que tendrían a su cargo “Recibir... ...reclamos y denuncias de las audiencias...”, y “Realizar acuerdos de conciliación entre los ciudadanos y los medios de comunicación por [esos] reclamos” (art. 29 del proyecto). Y segundo, coartando el derecho de quienes se consideren afectados por una publicación para plantear directamente su reclamo a la Función Judicial: pretende que siempre se lo haga con la intermediación de la Defensoría del Pueblo, que se convertiría en una especie de comisaría “calificadora”.

En fin. Un indeseable intento, cuyo destino solo puede ser el archivo.