Varios proyectos de ley han sido presentados para regular el “lobby” o cabildeo. El último (12 de febrero, 2020) es del asambleísta Fabricio Villamar (CREO).

En general, se quiere conocer si las decisiones de las autoridades públicas han estado influidas, y cómo, por gestiones directas de quienes tienen intereses particulares sobre el tema en cuestión. Eso está muy bien. Es uno de los pilares de la lucha anticorrupción.

Villamar propone un registro público en el que deben inscribirse quienes se dediquen al cabildeo, e incluir información específica, en cada caso, sobre sus clientes, objetivos y financiación de sus gestiones, así como actividades realizadas en la institución respectiva (arts. 10 y 11). Esa información luego sería cruzada con la que las autoridades deben a su vez proporcionar al mismo registro, sobre reuniones, etc., mantenidas con cabilderos (arts. 14, 15 y 16).

Las actividades reguladas serían las dirigidas a influir en la emisión de normas de carácter general (leyes, reglamentos, regulaciones, políticas públicas). Eso es correcto. Pero al incluir también a los “actos administrativos” o “decisiones” (art. 5, 1º) adoptados por los funcionarios del extenso listado del art. 3, se entra en terreno pantanoso que puede hacer impracticable el sistema.

Los “actos administrativos” son decisiones de autoridades sobre un asunto concreto de interés particular. Pueden referirse a temas tan simples como la entrega de un permiso de construcción, la imposición de una multa, o aprobar el cambio de nombre de una compañía. Su gestión suele ser encargada a los abogados del interesado.

El proyecto -como está- obligaría a que todos esos abogados se inscriban como “lobbystas”. Y a que asesores de alcaldes, directores de ministerios (a cargo de permisos o multas), o intendentes de compañías (que aprueban actos societarios rutinarios), se distraigan de sus funciones y se dediquen a llenar reportes sobre las decenas de abogados que atienden mensualmente, en inocuas “gestiones” a veces de menos de un minuto. Todo eso elevaría el costo final al ciudadano.