Para decirlo sin falsas mojigaterías, en el paisito plagado de funcionarios venales no es que resulte novedad enterarse de las recientes imputaciones de la Fiscalía en contra de un puñado de jueces, señalados de negociar fallos, propios o ajenos, con mafiosos y sus telarañas de emisarios. No digo que no repugne. Por supuesto que da asco. Pero más debió causárnoslo que dos sujetos por sí mismos impresentables hubiesen dominado, aunque sea por meses, nada menos que el Consejo de la Judicatura, máximo órgano de gobierno, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que tiene por función velar, no es broma, por su transparencia y eficiencia. Y así se va entendiendo cómo, en ese entramado, han ido quedando ocultos, en la más detestable impunidad, sinfín de escandalosos casos en materias penales, que tal vez son los más notorios.

Pero también hay decisiones judiciales -en materias no penales, pero en sí mismo delictuales- con las que se pretende afectar gigantescos recursos, no solo privados sino públicos.

Recuerdo dos, para que no queden tapadas por el manto del (último) escándalo.

Uno: el juicio reivindicatorio -simulado como ‘habeas data’- tramitado a espaldas de los afectados, con el que los jueces de Los Ríos, Carlos Bowen (en primera instancia) y Julio Almache y Lenin García (en segunda), ordenaron al Ministerio de Agricultura que modifique lo que consta en su base de datos desde el año 1985, para que ponga a otra persona como “legítima dueña” de una isla cercana a Guayaquil, en la que operan, hace decenios, multitud de empresas camaroneras, en tierras propias o concesionadas por el Estado, caso que está para decisión de la Corte Constitucional (causa 180-22-EP).

Dos: el del juez Tito, que es de lo más grotesco que registra la antología judicial. Vía acción de protección dispuso que la CFN entregue nada menos que USD 20 millones como reparación “integral”, usando como “argumento” que la falta de pago de unas facturas por USD 700.000 a una empresa de guardianía “…provocó un déficit en el flujo… …generando despidos a sus empleados, gastos en honorarios profesionales, y por la falta de pago de sus planillas una posible debacle a sus finanzas” (pese a que en 2016 la utilidad de la empresa, cuando no había problemas de cobro a la CFN, no llegó a USD 89.000). Este caso sigue en apelación: la audiencia respectiva, por diversos motivos, ha sido postergada. La última convocatoria es para el 22 de enero de 2024 (acción de protección 09572202300261).