No conozco las reglas aplicables y por tanto desconozco si el director general del Isspol, coronel Renato González, puede seguir en funciones. Pero debiera. Es público el valiente esfuerzo que sin desmayo ha realizado para tratar de recuperar los fondos que le fueron, para decir las cosas por su nombre, atracados entre 2014 y 2019 a esa institución por dizque “genios financieros” como el tristemente célebre -y prófugo de las justicias ecuatoriana y estadounidense- mago Chérrez, en contubernio con gente dentro del propio Isspol, como el también condenado exdirector financiero John Luzuriaga (quien confesó en Estados Unidos haber sido sobornado por el primero para direccionar hacia él las tales “inversiones”).

Según cifras anunciadas por el coronel González, se ha logrado hasta el momento recuperar 368 millones de dólares, que equivaldrían, según nos informa, al 45 % del atraco. Esto no es menor. En un país en que las recuperaciones son generalmente nulas, ya por sinvergüencerías, ya por incompetencia, el resultado es digno de encomio. Tampoco es menor destacar la decencia de González, quien ha reconocido la gratitud del instituto de seguridad social policial con el presidente Lasso y su régimen por el apoyo político brindado, al que considera “fundamental” para lograr ese cometido. Enhorabuena. Eso no puede parar, debe de continuar, más que nada por el anuncio que ha hecho el propio coronel de que ahora les toca recuperar 72 millones más, que están retenidos por orden de una corte de la Florida en unas cuentas que una compañía de Chérrez tiene en el Safra National Bank of New York.

A propósito de esos 72 millones, el pasado 25 de octubre el Isspol, por intermedio de Kendall Coffey y Hilarie Bass, dos superabogados que ha contratado, se presentó ante el juez de la Florida que maneja el caso anunciando su intención de plantear medidas de protección respecto de esos fondos, que asegura le fueron “robados”, para que le sean devueltos como víctimas de ese fraude, aunque cuando escribo estas líneas todavía no se ha concretado esa intención. Lo que sí se ha concretado es la comparecencia de una aseguradora privada ecuatoriana, que afirma ser propietaria de bonos por 9 millones (de los 72 retenidos en el banco Safra), a la que el juez le ha concedido hasta el 11 de diciembre para que presente formalmente su reclamo. Ya veremos qué decide en su momento el juez Rodolfo A. Ruiz II. El caso es el 1:23-cv-23730 en el tribunal distrital del sur de la Florida.