Todo cae por su propio peso, sea por confesiones de parte o por la prensa libre. El trillado discurso de que el Ejecutivo no tiene injerencia en otros poderes del Estado ha sido tirado a la basura por sus más cercanos colaboradores influyentes, quienes han actuado taimadamente y sin escrúpulos, con tal de satisfacer sus necesidades de turno.

Como lo denunció en su momento la alta magistratura de la Corte Nacional, desde el poder “le han metido la mano a la justicia”, y mediante estas intromisiones han pretendido cubrir y corregir sus metidas de pata. No importa en qué se equivocan o si hacen mal sus ternas, pues al final saben que por intermedio de maniobras en el poder Judicial o al interior de la autoridad nominadora, se saldrán con la suya. Han prostituido instituciones constitucionales respetables como el ‘habeas corpus’ o las acciones de protección, para liberar delincuentes, remover, nombrar o mantener autoridades, suspender concursos, convirtiéndose en verdaderos mercachifles judiciales.

La injerencia en otras funciones del Estado de ninguna manera es común, por el contrario, es ilegal e ilegítima. Es un tema que nos debería alarmar a todos como sociedad, junto al atroz y vergonzoso silencio cómplice de las autoridades, pues el tráfico de influencias constituye un delito que atañe a los servidores públicos, cuando prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerzan influencia en otro servidor para obtener un acto o resolución que les generare un beneficio favorable a sus intereses o de terceros, y esto incluye a los vocales que conociendo de esta arbitraria influencia, con su voto, cooperen a la comisión de este delito (art. 285 COIP).

Los escándalos de este tipo han alcanzado instituciones como la Asamblea, función Judicial, Consejo de Participación Ciudadana, entre otras.

Esperemos venga el orden, respeto, honestidad y sentido común, para acabar con las protervas intenciones de convertir a nuestro país -y sus instituciones- en una soberana república bananera.