En el gobierno de Lasso hicieron tabla rasa de nuestra Constitución; y si bien a muchos nuestra Carta Magna no les gusta, por ser hiperpresidencialista, etc., todos sabemos que debemos respetarla y acatarla, y por ende también a su art. 152, que prohíbe expresamente que sean ministros de Estado las personas que sean “propietarias, miembros del directorio, (…) que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual”; funcionarios que también tienen la prohibición de poseer bienes y capitales en paraísos fiscales.

Es importante acotar que no todos los que estuvimos en la Asamblea Constituyente de Montecristi éramos “alza manos o borregos”; y que muchos de los que sí deliberábamos impusimos esa prohibición por una sensata razón: el potencial delito de tráfico de influencias (art. 285 COIP), generado por el conflicto de intereses que pudiera tener el funcionario que, por su cargo y jerarquía, ejerce influencia sobre otro servidor para obtener contratos que le generen algún beneficio económico.

Es una burla que funcionarios caraduras hayan ocupado cargos públicos a sabiendas de que estaban impedidos, así como es impresentable que la Contraloría venga tardíamente con un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de un funcionario del gobierno pasado, cuando ya no está en el cargo y para colmo, con sanciones blandas: una multa exigua y la prohibición de ejercer cargos públicos en dos años, que de seguro nadie se lo volverá a ofrecer.

No combatieron la corrupción y provocaron la mayor crisis social y moral del país. Ahora sabemos por qué ese gobierno nunca trajo a Luque del “cogote”.

La Contraloría nos queda debiendo por su falta de celeridad y contundencia, ahora urge que la fiscal siga dando el ejemplo, poniendo sanciones ejemplificadoras a los funcionarios pillos, para que a nadie más le queden ganas de ocupar un cargo público, a sabiendas de que tienen incapacidad legal para ejercerlo.