Jaime Izurieta | Juez y parte
La deriva de cambiar la balanza por el aplauso se traduce en gestiones desastrosas
El 2 de enero de 1492, las tropas de la reina Isabel de Castilla tomaban Granada, el último bastión del islam en lo que hoy es España. Luego de casi ocho siglos de ocupación, se había reconquistado la península entera.
Ocho siglos, durante los cuales el intercambio cultural, unas veces más forzado que otras, terminó por crear una expresión arquitectónica, política, lingüística y gastronómica riquísima, de la cual nosotros mismos somos herederos, muchos siglos después.
De esa historia rescatamos una palabra que hoy usamos con ligereza, pero que carga con un peso institucional profundo: alcalde.
La palabra proviene del árabe alqáḍi (el juez), una figura central en la organización del Califato que no bacheaba calles, sino que dictaba sentencia.
Durante los siglos de ocupación musulmana, el cadí era el árbitro de la convivencia urbana; un legado que los reinos cristianos reconquistados no borraron. Así, el alcalde obtuvo fuero real, manteniendo su esencia como el hombre que “ponía orden” en la plaza.
Esta figura cruzó el Atlántico. En nuestras ciudades, el alcalde no era inicialmente un administrador de servicios, sino el encargado de la justicia de primera instancia. El oficio del alcalde mutó de juez a ejecutivo: el que juzgaba el conflicto terminó, por necesidad logística, mandando sobre el trazado de la calle por encima de los regidores, encargados originales de la administración.
Mientras en el norte de Europa el burgomaestre surgía como el defensor de los intereses comerciales de la ciudad frente al señor feudal, nuestro alcalde conserva en su ADN etimológico esa pulsión de juez que todavía hoy, siglos después, nos hace esperar que el jefe del municipio no solo gestione el tráfico, sino que dicte la sentencia final sobre el destino de la ciudad.
El alcalde es en el fondo un juez, y la ética, imparcialidad y fortaleza necesarias para serlo son inherentemente incompatibles con un político que promete maravillas pagadas del erario público para ganar un concurso de popularidad.
La deriva de cambiar la balanza por el aplauso se traduce en gestiones desastrosas.