Los movimientos telúricos son impredecibles, nos agarran desprevenidos y no los podemos evitar. Causan grandes daños materiales y muchas veces cobran vidas humanas. Todos nos solidarizamos con los damnificados de este último evento sísmico, incluso los políticos, quienes no dudan en aprovechar la ocasión para llenar sus discursos de palabras de apoyo y adhesión ante la desgracia del pueblo. Pero lejos están de reconocer, o incluso admitir, que su accionar es hasta más catastrófico, que su mezquindad sume al país en el caos y contribuye a acentuar la crisis económica y social que vivimos todos los ecuatorianos.

No se puede desconocer los grandes desaciertos de este Gobierno. La pobre reactivación económica lograda por la ejemplar campaña de vacunación se vio severamente afectada por la enorme desaceleración económica producida por el ominoso incremento de impuestos que afectó directamente al sector productivo, tanto como a la clase media, así como por el incremento de salarios que contribuyó a generar más desempleo en todos los sectores, abonando a agravar la crisis social de un país ya afectado por la pobreza, la desnutrición y la violencia. A esto se suma el destape de escándalos de corrupción que tocan las filas más íntimas del círculo cercano a Carondelet y la inseguridad que se vive en las calles, donde las redes del narcotráfico tomaron al Ecuador como centro de operaciones, infiltrándose en la justicia y la política. A esto se suman los secuestros y las extorsiones del crimen organizado.

Pero esta situación dista mucho de involucrar al presidente en actos de corrupción, o peor, de relacionarlo con las mafias narcodelictivas. Vemos día a día cómo desde distintos frentes se confabula una agenda golpista, sin importar las consecuencias de dicho acto.

Desde la Asamblea se busca forzar leyes y argumentos con el único afán de lograr una inconstitucional destitución, la cual buscan revestir de legalidad con informes y teorías fantasiosas. Al parecer, olvidan los asambleístas que ellos son meros representantes de la voluntad del pueblo, pues no se hayan en sintonía con las demandas ciudadanas. El pueblo no quiere derrocar al Gobierno a costa del resquebrajamiento del orden constitucional, de generar más inestabilidad en el país y de ahondar la crisis económica. La Asamblea debería ser un lugar de encuentro, de diálogo y de consensos, donde se puedan abordar los problemas que atañen a todos los ciudadanos, donde se deberían tramitar las leyes de promoción de inversiones y de reformas laborales que quedaron en el tintero el año pasado, a fin de enfrentar los problemas económicos, seguridad, educación, hambruna y demás males sociales. Lejos de esto, se ha convertido en un centro de intriga y de conspiración, donde solo se busca la destitución, sin siquiera considerar el impacto de sus vanos esfuerzos.

De forma similar, la dirigencia indígena parece estar más enfocada en sus agendas personales que en representar los intereses de sus bases, las cuales claman por estabilidad y rechazan más movilizaciones y marchas golpistas.

El diálogo, en todos los frentes, no debe limitarse a lo político, se debe atender las necesidades ciudadanas. El derrocamiento del Gobierno tendría consecuencias nefastas para la ya debilitada situación del país.