Hasta la semana pasada se habían logrado 54 acuerdos en cinco de las diez mesas temáticas; seis de ellos alcanzados en la mesa de Banca Pública y Privada, cinco en Control de Precios, veinte en la de Fomento Productivo, diez en Energía y Recursos Naturales y catorce en la de Derechos Colectivos. Sin embargo, hay una mesa que no camina y es la que aparentemente causa la mayor discordia, la mesa de Focalización de Subsidio al Combustible, principal demanda del movimiento indígena y en la cual no se logra siquiera definir qué sectores serían beneficiarios del subsidio y el mecanismo para su implementación.

Pero esto parecería ser tan solo una pantalla, pues es en la mesa de Seguridad, Justicia y Derechos donde se encontraría el trasfondo de todo. En declaraciones recientes, el propio Iza pide una reparación integral a las víctimas que perdieron la vida o que, en sus propias palabras, “quedaron mutilados una parte de sus órganos”. De la misma forma, pretende que se archiven los procesos judiciales en contra de los responsables de los actos violentos de las manifestaciones, a fin de evitar, lo que ellos lo denominan, la criminalización de la protesta social.

En esta mesa se han llegado a acuerdos en 33 puntos, entre los que cabe destacar: la creación de un protocolo de protección para defensores de derechos humanos, indemnización para las personas afectadas por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022, reparación integral para las víctimas de femicidio, prisión preventiva excepcional para los integrantes de pueblos y nacionalidades indígenas. Se establecen además mecanismos de participación ciudadana a fin de diseñar y preparar políticas públicas, protocolos y reglamentos en los temas tratados en esta mesa.

Pero no se llegaron a acuerdos en temas como la creación del fondo emergente para la atención de personas afectadas por las movilizaciones; tampoco respecto a la judicialización de los implicados en delitos comunes durante el levantamiento social, ni la reforma legal para evitar la criminalización de la protesta. Es aquí donde se evidencia la intención verdadera detrás de todos los diálogos de sordos que no tienen un fin claro y que son constantemente criticados por ellos mismos. Queda en evidencia que buscan no solo librarse de las consecuencias legales de sus actos pasados, buscan un “pase libre” para volver a tomarse las calles sin tener que enfrentar a la justicia.

Según cifras del Banco Central del Ecuador, ya se perdieron más de 1.100 millones de dólares en las protestas de junio de este año, de los cuales 800 millones de dólares fueron pérdidas del sector privado. ¿Cuánto más permitirá el Estado perder al país en este mes de octubre cuando termine el plazo de las mesas de diálogo y los indígenas se vuelvan a levantar, solo porque no les gustaron los acuerdos y desacuerdos alcanzados, porque les hicieron creer que tienen el derecho de trazar el destino del país? Iza fue muy claro en su libro Estallido al decir: “comunismo indoamericano o barbarie”. ¿Se encuentra este Gobierno preparado para un nuevo levantamiento? El índice del riesgo país nos da una idea de la respuesta, pues ha iniciado el mes de octubre superando los 1.700 puntos, el tercero más alto de Latinoamérica.