Las amenazas a la seguridad nacional invariablemente limitan las disputas políticas domésticas. Ahora que los gobiernos han asumido un rol de liderazgo en la lucha contra la pandemia del COVID-19, la oposición política en países bajo un régimen populista está siendo marginalizada rápidamente.

En teoría, las autoridades en esos países podrían usar la crisis para invocar un estado de emergencia a fin de limitar la democracia. Pero aún si no llegan tan lejos, la necesidad de un distanciamiento social y otras medidas de contención implica una fuerte contracción de la esfera pública.

A falta de grandes encuentros o concentraciones de campaña, el debate político ha migrado por completo a los medios, que dedican toda su atención a la enfermedad. Esto sucede por razones pragmáticas –la cobertura del COVID-19 es lo que exigen actualmente los lectores y los televidentes-, pero también por razones éticas: ofrecer información precisa sobre el coronavirus es un servicio esencial.

Aun así, la cobertura completa de la pandemia no permite focalizar la atención en los partidos y movimientos políticos de la oposición. Por lo tanto, Joe Biden, el presunto candidato demócrata para desafiar al presidente norteamericano, Donald Trump, en la elección de noviembre, prácticamente ha desaparecido de la vista pública de la noche a la mañana.

A los norteamericanos, en cambio, se les brinda una cobertura diaria y en vivo de las conferencias de prensa y concentraciones de campaña de Trump, en las que presenta a expertos del Gobierno que, de alguna manera, deben intentar corregir sus mentiras y desinformación sobre la pandemia y, al mismo tiempo, mostrarse a su lado.

En Europa central y del este, los gobiernos populistas están explotando la suspensión de la vida normal para implementar planes de hace mucho tiempo.

La información sobre el líder de facto de Polonia, Jaroslaw Kaczynski, y del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, parece haber desaparecido hasta de las páginas de los medios periodísticos que los han cubierto de manera confiable durante años.

El Parlamento de Hungría hoy le ha otorgado a Orbán la autoridad de gobernar por decreto por un periodo indefinido. Una vez ungido con estos poderes de emergencia, podrá suspender los derechos individuales y obligar a la gente a hacer cuarentena bajo pena de encarcelamiento.

Por el contrario, en Polonia, lo último que Kaczynski y su partido Ley y Justicia (PiS) quieren es introducir un estado de emergencia, porque hacerlo implicaría posponer la próxima elección. En las circunstancias actuales, el actual presidente, Andrzej Duda, seguramente ganará la reelección el 10 de mayo.

Duda y el PiS se toparon con problemas importantes en enero y febrero cuando se descubrió que habían asignado 2.000 millones de zlotys (480 millones de dólares) –una cifra sin precedentes- a los medios públicos de Polonia, que en efecto son un portavoz del PiS. Como la oposición había estado reclamando que esos fondos fueran destinados a la atención médica, esa decisión ahora parece mucho más escandalosa.

Los votantes polacos, por miedo a la pandemia, tienen poco apetito de refriegas partidarias.

Después de la elección presidencial polaca, el PiS tendrá un respiro de tres años en el calendario electoral, que utilizará para consolidar su poder. La sociedad civil polaca seguirá siendo el último bastión contra el régimen sin contrapesos del PiS.