El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático advierte que para 2040 el planeta se habrá calentado 1,5 ºC, a menos que tomemos medidas urgentes para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tras su publicación, el secretario general de la ONU António Guterres lo definió como «una alerta máxima para la humanidad». El calentamiento global se está convirtiendo en un problema cada vez más urgente y todos los países tienen una función que cumplir para combatirlo, pero mientras los funcionarios gubernamentales de todo el mundo se aprestan a fijar las metas de sostenibilidad en la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, no pueden ignorar las dificultades económicas de los países en vías de desarrollo.

La crisis climática se da en un momento en que los gobiernos y las empresas del mundo en vías de desarrollo tienen que lidiar con el impacto de la COVID-19. A medida que la economía mundial empieza a salir de la pandemia, resulta obvio que la recuperación de estos países será más lenta y el ritmo de entrega de las vacunas complicará aún más la situación económica. Se espera que, como anticipo de la cumbre COP26, el G7 y el G20 den a conocer planes ambiciosos, que muy probablemente incluirán el requisito de que todos los países consensúen 2060 como fecha límite unificada para lograr cero emisiones netas. Los grandes inversores y las ONG están exigiendo que las instituciones financieras dejen de financiar inmediatamente proyectos de combustibles fósiles y forestales, y descarbonicen sus operaciones. Los reguladores están ajustando las normas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), aunque la probabilidad de lograr normas armonizadas en lo inmediato es reducida. Los países en vías de desarrollo deben avanzar hacia un futuro más verde y emisiones netas nulas, pero el ritmo al que se espera que lo logren no es realista. Un enfoque más adecuado sería que los países más ricos faciliten esa transición proporcionándoles tres recursos: primero, tiempo para adaptarse, con fechas límites escalonadas basadas en sus niveles de desarrollo e ingresos. Estados Unidos, los países europeos y China, que aún son los mayores emisores mundiales de gases de efecto invernadero y con la capacidad para avanzar hacia un futuro verde, debieran empezar a hacerlo ahora. Segundo, apoyo financiero. Como parte del acuerdo climático de París de 2015, los países desarrollados acordaron proporcionar $ 100 mil millones de asistencia anual a los países en vías de desarrollo hasta 2020, pero un informe independiente publicado en diciembre de 2020 estimó que solo se materializó una fracción de esa asistencia. Y tercero, asistencia en las políticas. Esa orientación podría incluir las mejores prácticas para discontinuar paulatinamente los onerosos subsidios a los combustibles, acceder a tecnología y desarrollar las instituciones e incentivos para atraer capitales verdes. Esos recursos orientarán a los países en vías de desarrollo hacia una senda sostenible. A menos que los países desarrollados reconozcan los desafíos que enfrentan las economías en vías de desarrollo y emergentes, y tomen medidas apropiadas para ayudarlas a reducir a cero sus emisiones netas, todos estaremos peor.