Dos mandamientos son la ley suprema del político criollo y ecuatorial. El primero reza: “Mis derechos y facultades serán interpretados de la forma más expansiva y garantizados a toda costa”. El segundo continúa de manera concisa: “…y las responsabilidades de mis enemigos también”.

Así juzgan desde las libertades de expresión y de protesta, que para el oficialismo eran sagradas en el 2015 y hoy no son más que libertinaje aprovechado por el narco, hasta las tediosas lecturas de la Constitución que cada día los políticos tienen que hacer con mayor frecuencia para explicar sus argucias y maniobras.

Y es por eso que ahora parece que el Ecuador no tiene una sino dos constituciones. No es que seamos el único país donde la constitución sea un campo de disputas. Lo que sorprende es que aquí las opiniones contrapuestas son cada vez menos consistentes y se dividen más según su utilidad coyuntural para cada actor que por una convicción ideológica o una visión programática. Este proceso de juicio político nos ha dejado ver esto con claridad.

Mientras que la oposición primero sostuvo que en el proceso de juicio político se podían interpretar las casuales del art. 129 de manera laxa y subjetiva, ya que los estándares a los que este se deben someter son distintos a los de la justicia penal, ahora esta advierte que un decreto de muerte cruzada aduciendo una grave crisis política o la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo no puede ser interpretado con la misma subjetividad.

Hasta ahora solo el correísmo muestra consistencia en eso, ya que ellos ya quisieron inventarse crisis y conmoción por el caso Pandora. Sin embargo, es más probable que su fortaleza electoral sea lo que les quite el miedo a la muerte cruzada.

Por su lado, el Gobierno Nacional habla de golpe con la misma ligereza que habla de narcos y conspiraciones. Bajo los estándares que ellos mismo se imponen, un decreto de muerte cruzada contra una Asamblea que procede con la venia de la Corte Constitucional sería un autogolpe y el presidente nada menos que un dictador.

Los políticos podrían ser reos de sus propias palabras, pero no hay quién los juzgue ni les inspire justo temor.