César Febres-Cordero | ¿Qué está fallando con la seguridad de Samborondón?
Queda en los expertos en seguridad presentar el diseño del plan adecuado para la prevención y reacción ante los crímenes
Una península formada por un angosto pedacito de tierra ubicado entre dos ríos, repleta de ciudadelas amuralladas que se enfilan a los lados de una avenida, no debería ser difícil de controlar y, sin embargo, lo es para el Estado ecuatoriano.
Repetidos asaltos a los pies del mismo cajero, un sicariato en plena vía (y no muy lejos de un UPC), y, lo más reciente, una masacre ejecutada por un grupo de asesinos bien entrenados son nada más las primeras noticias que se vienen a la mente. Viendo para atrás, dentro o cerca de la parroquia satélite La Puntilla (por sinécdoque “Samborondón”, usando el nombre del bicentenario cantón en el que se ubica), los episodios de violencia impactante e intervención policial tardía, generalmente allanamientos, forman una larga lista.
Queda en los expertos en seguridad presentar el diseño del plan adecuado para la prevención y reacción ante los crímenes violentos en la zona, por más obvio que nos pueda parecer a los legos, el empezar por colocar patrullas permanentemente en cada punto de acceso. Pero a nivel político y social hay otras falencias evidentes sobre las que todos tenemos la capacidad, y el deber, de reclamar.
Al igual que en Puerto Santa Ana, Vía a la Costa y varios de los proyectos que proliferan por Quito, Manta y otras ciudades, en Samborondón se ha tolerado que la plata fácil del narco ingrese al mercado de la especulación inmobiliaria. Pagos en efectivo, por adelantado o por sobre el valor usual, así como ocupantes distintitos al inquilino registrado son señales demasiado obvias que la élite criolla ha decidido ignorar, y hoy paga el precio por aquello. Más allá de eso, esa élite que tanto se hace la desentendida demuestra su íntima cercanía con el narco cuando reconoce, en seguida, a los muertos, los presos y los prófugos como a sus excompañeros, amigos de amigos e incluso prestamistas de última instancia.
A nivel político, es un crimen que clama al Cielo por venganza que aun cuando la muerte ha llegado a rozar sus casas y las de sus parientes, el Gobierno, los alcaldes y los empresarios de seguridad no se pongan de acuerdo para combatir al enemigo común uniendo sus capacidades.