Antes de emitir cualquier opinión basada en ideologías, convicciones o posturas morales (que son estrictamente personales) decidí leer, investigar y hablar con personas de variada formación. Mi postura siempre ha sido a favor de las niñas y mujeres víctimas de violación y no pretendo convencer a nadie.

Las niñas y las mujeres con discapacidad no tienen plazo para abortar si su embarazo fue producto de una violación y nunca lo han tenido: eso está desde hace más de 80 años en la legislación ecuatoriana. Hay mujeres con discapacidad a las que les han inducido el parto después de la semana 30 de gestación.

El aborto por violación está despenalizado en Ecuador desde abril del año pasado. Ninguna mujer que luego de sufrir una violación decida abortar irá a prisión, tampoco los médicos u obstetras que la asistan.

Lo que se discute en la Asamblea, para darle soporte al mandato legal arriba descrito, es la garantía al acceso a un aborto seguro en caso de una violación. El plazo que ha escandalizado a todos se establece solo para las mujeres adultas.

De ninguna manera se propone que aborten a las 28 semanas. La mayor parte de los abortos se da antes. Las 28 semanas son un límite abstracto que les da garantías a las mujeres y niñas violadas para que accedan desde el momento en el que se enteren. Una investigación realizada por Sarkuna revela que la mayoría de niñas violadas se da cuenta de su embarazo en la semana 20, y muchas son amenazadas, secuestradas y obligadas a parir para encubrir el delito.

Es a los médicos y obstetras a quienes les corresponde fijar hasta cuándo el procedimiento es más seguro para las mujeres violadas. No se trata de matar a nadie: a las 28 semanas ya existe un parto y no un aborto. Idealmente, si la madre decide darlo en adopción, el Estado tendría que facilitar ese proceso.

Ninguna mujer va a abortar como plan de fin de semana. Abortar es un proceso horrendo en el que no hay disfrute. Retrasar la aplicación de un derecho ganado es poco empático, egoísta, cruel y misógino.