Estoy segura de que nadie siente tranquilidad en las ciudades. Peor aún si estamos viviendo en Guayaquil, donde la inseguridad nos tiene mirando a los costados, caminando con miedo. Donde las masacres en las cárceles están lejos de terminar.

No podemos normalizar 116 asesinatos como si fuéramos ajenos a esa realidad. No somos inmunes a la violencia. Es muy probable que seamos víctimas colaterales de la barbarie que se vive dentro y fuera de los mal llamados centros de rehabilitación.

Sin duda, el Estado lleva años fracasando en rehabilitar a quienes cometen delitos. El sistema es tan perversamente lento, que de los 40 mil encerrados solo 15 mil tienen sentencia. Es decir que hay miles cuya culpabilidad no ha sido comprobada. Los gobiernos han sido incapaces de controlar las prisiones y garantizar los derechos humanos. Las leyes no sirven, ni afuera ni adentro.

He escuchado “son gente que no tiene derechos”, “que se maten entre ellos”, “son ajustes de cuentas entre bandas”, entre otras frases que evidencian la miseria que llevamos dentro. Sepan que cuando una persona está presa está en custodia del Estado: es su responsabilidad precautelar su vida.

Estamos en el punto de que no nos importa quién muera solo porque está preso. No nos ponemos en el lugar de nadie porque lo sentimos lejano, imposible de vivir. Pero en el país donde hay mafiosos en sus casas e inocentes en la cárcel, donde los jueces encierran a personas por robar celulares pero sueltan a femicidas y a corruptos, esos muertos podríamos ser nosotros.

¿Qué debemos hacer para tener un poco de humanidad y vigilar que estos crímenes no queden impunes ni se repitan? Sé que a muchos les incomoda leer que todos tenemos derechos y que son irrenunciables, que cumplir una condena no me quita el derecho a vivir, y no porque me equivoque en la vida tienen derecho a matarme. Y más allá de las garantías y el nuevo estado de excepción que ofreció el presidente Lasso, se requiere conocer el plan de acción para que esta deje de ser tierra de nadie.