Carlos Andrés Vera | Imbabura liberada
Imbabura fue liberada, pero como ocurre con toda víctima de secuestro, ahora vienen las secuelas
Después de un mes de encierro, Imbabura empieza a respirar. El despeje de las vías y el fin de lo que se llegaron a llamar “patrullajes del miedo” simbolizan la resolución de un conflicto más, pero no una solución al problema de fondo. Hay tres cosas que el Estado no puede eludir si quiere evitar que esto se repita.
La primera es investigar el financiamiento detrás de la violencia. Sabemos de turbas movilizándose en autos de lujo para luego imponer con palos, piedras y arsenal rudimentario el “paro” que secuestró ciudades como Cotacachi y Otavalo. No hay forma de sostener un a operación de esa escala y duración sin una importante cantidad de dinero. La violencia hacia los ciudadanos y el chantaje al Estado —“o mantienes el subsidio o me tomo ciudades”— revelan también una agenda criminal. Es vital que los organismos de inteligencia rastreen esas redes de financiamiento y las desmantelen, porque el abandono estatal en zonas pobres y ricas en minerales ha dejado el campo abierto para que el dinero ilícito compre voluntades.
La segunda tarea es social. No se puede derrotar el fenómeno criminal sin atender el fenómeno humano. Los pueblos indígenas siguen atrapados en indicadores alarmantes de pobreza, desnutrición y falta de oportunidades. Si el gobierno no encara un verdadero plan de rescate del campo, seguirá incubando su propio incendio. La precariedad rural es el terreno fértil donde germina el resentimiento y donde otros siembran odio para cosechar caos. Es allí donde el Estado debe hacerse presente con toda su capacidad.
Y la tercera es la justicia. Los responsables de incendiar Quito en 2019 fueron amnistiados en marzo de 2022. Para junio ya estaban replicando su agenda de terror, amparados en la impunidad. El mensaje fue claro: se puede secuestrar policías, ciudadanos o provincias enteras sin consecuencias. Eso no puede repetirse. Si no hay sanción, el ciclo se repetirá una y otra vez.
Imbabura fue liberada, pero como ocurre con toda víctima de secuestro, ahora vienen las secuelas. Las económicas son graves y exigen un plan de rescate que vaya mucho más allá de plazos tributarios o reducciones del IVA. Los ciudadanos tenemos la tarea de visitar Imbabura, apoyar a quienes fueron víctimas de esta locura. La secuela psicológica de cada ciudadano que vivió el terror, difícilmente se borrará.
