Carlos Andrés Vera | Guardianes del subsidio
De guardianes de los derechos, el agua y la identidad, pasaron a ser guardianes de los subsidios a los combustibles
En los 90 el movimiento indígena irrumpe en la historia política de Ecuador con un levantamiento sin precedentes, articulado alrededor de tres ejes: tierra, cultura y libertad. Sus demandas fueron claras: acceso y legalización de tierras y territorios ancestrales, agua para riego y consumo, educación intercultural bilingüe, reconocimiento del Estado plurinacional, salud intercultural, etc. El movimiento indígena ecuatoriano se convirtió entonces en un referente latinoamericano por su agenda de dignidad, identidad y derechos colectivos.
Con el tiempo, la Conaie se consolidó como la organización social mejor estructurada del país, con procesos de decisión desde las bases y una legitimidad incuestionable. Esa estructura le permitió ganar espacios en la política y en la actual Constitución. Ya entrado el siglo XXI, su agenda se desplazó hacia lo que denominaron “resistencia al extractivismo”. Frente a la expansión minera y petrolera, los pueblos indígenas se erigieron como la voz que advertía sobre peligros ambientales como la contaminación del agua y la destrucción de los bosques, consolidando así una imagen de custodios de la naturaleza.
Luego llegaron las contradicciones más profundas. De guardianes de los derechos, el agua y la identidad, pasaron a ser guardianes de los subsidios a los combustibles. Los ‘paros’ de 2019 y 2022 no se organizaron alrededor de la plurinacionalidad o la mejora de condiciones de vida, sino en defensa del diésel y la gasolina subsidiada. ¿Cómo entenderlo?
El jueves pasado la Conaie convocó a un paro nacional total, una vez más en nombre de los subsidios. La respuesta del país fue clara: el viernes amaneció tranquilo. Y es lógico, porque Ecuador, con todas sus carencias, no puede ni quiere paralizarse. Estamos en septiembre; ojalá nadie esté maquinando un nuevo ‘octubre’. Las experiencias violentas de 2019 y 2022 nos recuerdan que aquello no fue solo protesta social, sino también operación criminal para provocar un golpe de Estado.
El subsidio al diésel facilita la operación de la minería ilegal, hoy la mayor amenaza a los territorios indígenas. Su contrabando hacia Perú y Colombia alimenta también al narcotráfico. Hoy la dirigencia indígena al convertirse en la principal guardiana de ese subsidio traiciona los principios fundacionales del gran levantamiento de los años 90.
