Columnas

Muerte cruzada

Desde entonces, la Asamblea hizo su único propósito el defenestrar al presidente a cualquier costo, intentándolo en cuatro ocasiones

El Gobierno del presidente Guillermo Lasso inició hace dos años con enormes tropiezos políticos, incluso antes de su posesión, cuando, sin una mayoría sólida en la Asamblea, decidió romper el acuerdo con la única coalición que le podría haber dado algún margen de maniobra, para ponerse en manos de los indígenas que, por primera vez, representaban un bloque importante. Desde entonces, la Asamblea hizo su único propósito el defenestrar al presidente a cualquier costo, intentándolo en cuatro ocasiones de manera burda e infructuosa.

A lo largo de este gobierno, caracterizado por un pobre manejo político y una notoria incapacidad de lograr acuerdos y consensos, tanto al interior de la Asamblea como en las calles con los indígenas, la Asamblea no pudo lograr su cometido, pues la inhabilidad política del Gobierno ha sido solo superada por la inoperancia y la improvisación mostrada por la más impopular Asamblea que haya visto el país. Una Asamblea que no supo cumplir el mandato conferido; una Asamblea que rechazó proyectos de ley necesarios para el país, entre ellos, la Ley de Fomento a la Inversión, la Ley de Educación Superior y la Ley de Reformas Laborales. Una Asamblea que no estuvo nunca dispuesta a trabajar por el país y cuya única agenda consistía en dar un golpe a la democracia mediante la destitución del presidente.

Esto no es nuevo. La vida democrática del Ecuador ha estado marcada por la constante pugna de poderes entre un Ejecutivo que debe gobernar y una Asamblea opositora que debería legislar. La historia nos da cuenta de gobiernos secuestrados por asambleas revanchistas que buscan sus espacios de poder para cogobernar. El resultado: un país cuyo desarrollo lo ubica a la cola del tercer mundo. Esta estructura perversa pudo ser desarticulada gracias a la hiperpresidencialista Constitución de Montecristi, que le da la posibilidad al Gobierno en funciones de disolver la Asamblea. Esto es lo que conocemos como muerte Cruzada, la cual puede ser invocada en cualquier momento, incluso en medio de un juicio político que nunca tuvo un sustento real y que tan solo fue un intento más de golpe.

En este estado, decretar la muerte cruzada era inevitable, no hacerlo hubiera sido devastador para el país. Frente a un juicio viciado, la posible destitución del presidente hubiese generado una inestabilidad insostenible para nuestra endeble democracia y un deterioro incontrolable a nuestra ya golpeada economía. Si, por otro lado, el presidente hubiese salido airoso en este juicio político, habría quedado un manto de duda respecto a qué prebendas y cargos se ofreció a cambio de los votos para impedir su destitución; pasaría a la historia como un gobierno que acudió a las viejas prácticas para salvar el pellejo y habría quedado comprometido y sin margen de maniobra para gobernar en sus dos últimos años, secuestrado por una Asamblea sedienta de poder.

La muerte cruzada le otorga al Gobierno seis meses para gobernar, para cumplir con los ofrecimientos de campaña, reactivar la economía del país, eliminar el ISD, lograr las reformas laborales y de fomento de la inversión y luchar contra el crimen organizado. Mientras tanto, el país deberá nuevamente acudir a las urnas a decidir los destinos del Ecuador.