No puede ser superintendente de Bancos

La posesión de Raúl González ante la Asamblea Nacional como superintendente de Bancos ha agravado el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del país dadas las razones que existen para que se dude sobre la legalidad de esa designación y de su posesión. Esto obedece a que, como el país conoce, hay una sentencia constitucional que prohíbe lo que hizo la Asamblea.

El artículo 86 de la Constitución de la República expresamente dice: “Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidores o servidoras públicas, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil a que haya lugar “. El artículo 126 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional manda que “las sentencias y dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la interposición de los recursos de aclaración o de ampliación, y sin perjuicio de su modulación”.

Como el país conoce, el primero de agosto del 2022 la jueza constitucional de Samborondón Larissa Ibarra emitió una medida cautelar que impedía que la Asamblea posesione al superintendente de Bancos.

Posteriormente, el 5 de agosto de 2022 el juez de Yaguachi Jhon Rodríguez, al acoger el pedido de un ciudadano, ordenó que la Asamblea posesione al Superintendente. Este juez, luego de tres días revocó su fallo.

Habiendo, como hay, dos fallos contradictorios sobre el mismo tema, prevalece el primero de ellos. Por este motivo los asambleístas que votaron por esa posesión, haciendo caso omiso a la decisión de la jueza Larissa Ibarra, incumplieron el artículo 86 de la carta magna, antes mencionado, por lo que debe haber contra ellos una acción de incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional.

No es posible que el país viva permanentemente en esta orgía de discrepancias entre las funciones del Estado.

La ciudadanía honesta exige que se aplique la ley para estar seguros de que vivimos en un real Estado de derecho.