Es incuestionable que los 18 días aciagos que vivimos como consecuencia del paro organizado y dirigido por el movimiento indígena dejaron resultados desastrosos por donde se los mire. Mil millones de dólares significan las pérdidas para todo el país. Por esta razón es imprescindible que entendamos que la tarea de recomponer el Ecuador es obra prioritaria de todos.

Si los que propician estos paros dicen que lo hacen en nombre de los pobres para así mejorar su situación, paradójicamente resulta que los más afectados son, precisamente, los pobres.

Son los emprendedores que ven frenadas sus ansias de trabajo honesto, los que con su diario laborar personal y familiar se sobreponen a los avatares de la vida, los que sienten en carne propia las angustias de no poder laborar por la violencia que se implementó a título de protesta social.

La paz que se consiguió con la intervención de la Iglesia católica hace que cada uno de los puntos constantes en la carta firmada para el efecto, sean tratados con alto sentido de patria.

Que haya un alto sentido de autocrítica. Que no vaya a intentarse imponer la voluntad prepotente de ninguna de las partes. La Iglesia debe impulsar que en las mesas de diálogo estén presentes todos los sectores del país: productores, comerciantes, trabajadores, academia, exportadores, agricultores. En fin, todo el Ecuador.

El Gobierno debe llevar a estas mesas planteamientos que evidencien sus propósitos positivos, no solamente para el sector indígena, sino para los 17 y medio millones de ecuatorianos. Ya tiene un año en el ejercicio del poder, tiempo suficiente para que efectúe un cambio de timón y de rumbo, para que dé al país soluciones para sus más apremiantes problemas.

Los ecuatorianos queremos trabajar en paz. Somos enemigos de la violencia. La historia lo dice. ¡Ya basta de atentados contra la libertad personal y de ataques a la propiedad con el pretexto de resistencia…! No a la impunidad. Los delitos que se cometieron deben sancionarse porque “nadie está por encima de la ley”.