La Asamblea Nacional frente a un clamor de todo el país dictó la Ley Anticorrupción, así como también frente al requerimiento del Fondo Monetario Internacional ( FMI), para que el Ecuador cuente con una ley orientada a combatir a fondo la corrupción que ha echado raíces insospechadas en los diversos estamentos de nuestra sociedad. 

Esta ley marca los linderos dentro de los cuales deben transitar tanto organismos del Estado como las personas de derecho privado que negocien con él. Deberá merecer un estudio detenido una vez que se publique en el Registro Oficial, para que la ciudadanía exija que no sea una ley más, como tantas que se han dictado y que al fin del día son “un saludo a la bandera”.

Por ahora queremos destacar que la Ley Anticorrupción devuelve a la Contraloría General del Estado la facultad que siempre tuvo para emitir su opinión previa a la suscripción de contratos con empresa nacionales o extranjeras. Esto es lo lógico, lo moral y lo coherente. El correísmo, entre las tremendas barbaridades que cometió, dispuso que la Contraloría emita su criterio sobre un contrato suscrito entre el Estado y una empresa nacional o extranjera cuando se haya iniciado un proceso penal en contra de esa empresa por malos manejos en la obra para la que se comprometió. Esto era un absurdo sin nombre que solamente podía ocurrírsele a quienes estuvieron en el poder para servirse de él, antes que para servir al pueblo ecuatoriano. 

Buscar una opinión de la Contraloría cuando los “pájaros de alto vuelo” se habían llevado la plata y la obra quedaba para que se tomen fotos los “robulocionarios” era una afrenta para el país.

Con lo que se dispone en la Ley Anticorrupción se blinda al Estado de las mañoserías de quienes pertenecen tanto al sector público como al privado, con este informe previo a la suscripción de un contrato. 

El país espera que la Asamblea, que está en deuda con el pueblo, dicte la Ley de Extinción del Dominio, que es también una ley contra la corrupción.

La corrupción es una pandemia que hay que derrotar.