Columnas

Justicia vs. corrupción

Ecuador es un país distinto a muchos de sus vecinos.

La administración de Justicia tiene por objeto aplicar la ley con severidad, con absoluta imparcialidad, con prontitud en contra de quienes la violentan deliberada y conscientemente en perjuicio de los altos intereses de la sociedad. Por eso es que la Justicia debe ser independiente del poder político, económico o de la naturaleza que sea porque un país en el que no exista una justicia independiente es un país que no puede decir que vive en paz y en absoluta libertad. 

A esa independencia de la que debe gozar la justicia deben sumarse otros factores de igual trascendencia, como son los de la probidad, capacidad jurídica, honestidad a toda prueba de quienes la administran, es decir de jueces, fiscales y de todos sus operadores para que la sociedad tenga la absoluta seguridad de que las sentencias, los fallos, las resoluciones, las providencias son ajustados a derecho y pronunciados luego de un examen exhaustivo de los procesos para que una vez que los firmen jueces y fiscales “vayan a dormir tranquilos”. En el Ecuador, lamentablemente, en la “década ganada” el entonces presidente Correa en forma categórica y de manera pública expresó que metería sus manos en la justicia. Y las metió. Como consecuencia de esa “metedura de manos”, la justicia, con las excepciones de toda regla, se puso al servicio del poder político con los resultados desastrosos que conocemos. 

Ecuador es un país distinto a muchos de sus vecinos. En él no se perennizan ni dictadorzuelos, ni conceptos contrarios a su tradicional manera de ser, que es la de respetar las libertades. Es por eso que en los actuales momentos en los que se encuentran ventilando en los tribunales de Justicia centenares de causas penales producto de la corrupción sistémica organizada jerárquicamente desde las alturas del régimen anterior, los ecuatorianos confiamos que estos procesos se tramiten de conformidad con la ley. Que se sancione a los responsables que ahora se autocalifican como “víctimas” o “perseguidos políticos”, a objeto de que no vaya a triunfar la impunidad, que es tan peligrosa como la corrupción.