Los terribles hechos de sangre y de muerte suscitados simultáneamente en cuatro centros de “rehabilitación” del país no pueden quedar simplemente para contarlos como los más tenebrosos hechos acaecidos en nuestro país.

Estamos acostumbrados a ver hechos, horrorizados, para luego de pocas horas olvidarnos de lo que vivimos, porque como una bola de nieve hay otros hechos que tapan los anteriores y se pone un telón de fondo, ocultando lo acontecido. Esto no debe ni puede suceder ahora. La sociedad está en peligro. Bandas de delincuentes internacionales vinculadas con el tráfico de drogas y con los carteles mafiosos de Colombia y México dirigieron los hechos de sangre de la semana pasada. No hay que ser genios para descubrir los intereses nefastos que se encuentran detrás de lo sucedido.

La seguridad, interna y externa, es una de las obligaciones inherentes al Estado, por lo tanto, lo que corresponde es que, sin titubeos de naturaleza alguna, se lleve a cabo un plan técnica y legalmente coordinado para reestructurar la organización interna de los centros de “rehabilitación”, dotándolos de personal de dirección y de control interno capaz, conocedor a fondo del problema carcelario, y no designar a neófitos e ignorantes, deshonestos y corruptos, que a lo que van es a enriquecerse ilícitamente, permitiendo que los internos hagan lo que les viene en gana a cambio de unos denarios…

Igualmente debe dotarse de los medios económicos para que haya personal suficiente que controle y vigile de verdad a toda la población carcelaria.

Hay que buscar los medios indispensables para dar trabajo a los internos, para que no piensen solamente en fugarse o en matar a sus compañeros, sino para que piensen en su rehabilitación.

Existen diversos caminos para lograr que la privación de la libertad sirva como medio para que el delincuente se resocialice. Lo que se demanda es una política estatal seria, permanente, coherente, honesta y académica. Tarea difícil, pero no imposible de llevar a cabo si se piensa en el futuro del país.