La reparación integral no es una deuda

  Columnas

La reparación integral no es una deuda

Por eso es una burla para con el pueblo decir que el corrupto no puede seguir en prisión porque no pague la “ deuda”.

Las sentencias penales que se dictan contra quienes, en sus calidades de funcionarios públicos cometen delitos de corrupción (peculado, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita, concusión) llevan aparejadas junto con la pena que dispone el tiempo que deben cumplir en la cárcel, la obligación de restituir lo robado, que es dinero del pueblo; o sea cumplir con la reparación integral ( artículo 77 del COIP).

Por mala fe, más que por desconocimiento de las leyes, se trata de confundir a la ciudadanía expresando que el condenado lo que ha contraído con el Estado es una deuda, razón por la que no está obligado a devolver lo ilícitamente adquirido y que por tal motivo al recuperar su libertad, ya sea por el cumplimiento de la condena o por haber logrado la semilibertad, no tiene por qué reparar ni indemnizar al Estado, que es la víctima del delito cometido porque no hay prisión por deudas.

Esto debe quedar debidamente esclarecido porque sostener lo que se sostiene es una falacia que permite que los corruptos cumplan el tiempo de sus condenas y luego de ello salgan en libertad a gozar con el dinero que adquirieron por sus actos reñidos contra la ley.

Efectivamente, no hay prisión por deudas, como dice el artículo 66 numeral 29 letra c de la Constitución, excepto para el caso de pensiones alimenticias. Pero hay que repetir mil y una veces que los funcionarios públicos no adquieren ninguna deuda para con el Estado, porque la obligación que tienen de indemnizar y de reparar integralmente el perjuicio originado con su conducta delictiva no es deuda sino una disposición de índole real que es parte integrante de la sentencia condenatoria que se le impuso, luego de respetar el debido proceso.

Por eso es una burla para con el pueblo decir que el corrupto no puede seguir en prisión porque no pague la “ deuda”. El corrupto debe seguir en prisión y recuperar su libertad solo cuando haya satisfecho la reparación integral de la que habla la ley. La sociedad debe exigir que se actúe de esta manera para acabar con la pandemia de la corrupción.