Obligación ética de una columna de opinión como es esta, Atalaya, que cuenta con el criterio favorable de sus amables lectores, es la de hacer llegar sus preocupaciones en relación con todos y cada uno de los graves problemas de diversa índole que agobian a nuestro país.

Uno de ellos es el que se vincula con el tráfico de drogas y estupefacientes que aumenta en forma escandalosa, haciendo que Ecuador sea, como afirmó Francisco Huerta, una “narcodemocracia “, y que la delincuencia organizada haya echado sus reales en todo el territorio nacional , al extremo de haber convertido las cárceles y penitenciarías en sitios desde los cuales los carteles internacionales dirigen, disponen y controlan a sus miembros, que no obstante estar privados de la libertad cometen delitos de variada naturaleza.

El país, por otra parte, mira con beneplácito la labor que ejecutan las fuerzas policiales y del ejército, que desbaratan redes de comercialización ilegal y capturan toneladas de droga que en el mercado de consumo mundial significan millones de dólares. Mas, el clamor de la ciudadanía , y de este hecho nos hacemos eco, es que se capturan cargamentos de droga que se encuentran en contenedores listos para salir del país, sin que se conozca quiénes son los “poderosos “ que tienen capacidad para hacer tales embarques. Esto es algo que preocupa a la ciudadanía porque ningún “capo de la mafia” se encuentra privado de su libertad, ni enjuiciado y menos condenado penalmente. Solo caen los llamados en el argot policial “mulas”. Asimismo, la ciudadanía quiere conocer de manera oficial a dónde va a parar toda la droga incautada y capturada por la fuerza policial y militar. Y que además se le diga a la ciudadanía categóricamente si se procede como se procedía antes, a quemar la droga capturada en hornos conocidos, con la intervención de la policía y de jueces y de fiscales que suscribían actas en las que constaba la cantidad de droga quemada para tranquilidad de la colectividad social.

Esperamos contestación a estas preguntas.