Bernardo Tobar Carrión: Reformas indispensables
Mucho se puede hacer por decreto para facilitar iniciativas atrapadas en el fango del permiso previo
El proceso constituyente de 2007-2008 se dio en un contexto muy diferente al actual. Gracias a la lotería petrolera, el socialismo tuvo caja para gastar a lo tontiloco, y así la gastó, con tontas y locas. Sin ese oxígeno del azar el país no habría podido sobrevivir casi dos años de limbo normativo, que inhibe todo proyecto serio.
Sería ideal sacudirse del yugo de Montecristi, pero no es el momento. Nada garantiza que la constituyente marca gallo no salga gallareta, ni que el ciudadano común resista dos años más sin oportunidades, por falta de inversión. Se necesitan, sin embargo, reformas puntuales: dos minas grandes operan bajo la ley en el Ecuador; en Perú, 47. La producción petrolera decreció desde su estatización, las refinerías se esfumaron entre sobornos y los apagones volverán si no se permite al sector privado cubrir el déficit estructural de generación. Hay que eliminar la nefasta reserva estatal de los sectores estratégicos y su draconiana tajada, convertir la participación privada en la regla, fortalecer el arbitraje y recuperar los convenios bilaterales de inversión.
Se deben blindar los fondos del IESS y la reserva internacional, apuntalando de paso la dolarización. En materia de seguridad jurídica, el recurso constitucional contra sentencias definitivas anula la cosa juzgada y el art. 82 es inocuo, pues omite los derechos adquiridos, triturados con cada reforma. En seguridad, habría que asegurar la extradición, la cooperación internacional y el uso de la fuerza, formulado en la norma actual como si los policías fueran trabajadores sociales. Y muy saludable sería una disposición que impida otra ley mordaza o cualquier forma de control y censura sobre la comunicación y la expresión libre. En materia institucional, eliminar el CPCCS, exigir mayoría calificada para el juicio político a la fiscal y otras autoridades, corregir el sistema de partidos, la corruptela del financiamiento estatal de campañas y poco más.
En suma, la reforma de una veintena de normas resolvería lo fundamental para generar empleo, mejorar la seguridad y limpiar la metástasis, sin agotar el oscilante capital político del Gobierno ni la paciencia ciudadana, que ya no da para aventuras. Mientras tanto, mucho se puede hacer por decreto para facilitar iniciativas atrapadas en el fango del permiso previo, miserable institución que convierte al burócrata en señor feudal.
