Bernardo Tobar Carrión | Minimalismo constitucional

Un sistema constitucional donde los derechos colectivos, los de ciertos grupos y el yugo del buen vivir -eufemismo por igualitarismo colectivista- se anteponen a las libertades individuales, desconoce un principio sin el cual no hay convivencia pacífica: la igualdad de todos ante la ley, sin excepciones, sin minorías privilegiadas por ancestrales que sean ni ponderaciones que le dan al juez, según los humores del día o el prejuicio ideológico, la potestad de desconocer un derecho individual si en el caso concreto se contrapone a un derecho de buen vivir o a cualquier otro derecho de mayor rango, pues han puesto la libertad a la cola. En el meollo de estas distorsiones está la formulación advenediza del Estado social de derechos y de justicia que sustituyó a la probada fórmula del Estado de derecho en un trampantojo retórico cargado de veneno.

Montecristi desnaturalizó la finalidad de una carta política para convertirla en un manifiesto ideológico, el del colectivismo chavista, al que bautizaron con la etiqueta menos indigesta de socialismo del siglo XXI, aunque de contemporáneo tiene muy poco y más bien es una reedición de todos los lugares comunes de la vieja izquierda estatista: dirigismo obsesivo, omnipresencia regulatoria, monopolio público sobre los mal llamados sectores estratégicos, jerarquización de los colectivos sobre la persona humana, del buen vivir sobre la libertad, de la igualdad material sacrificando el mérito. Es una constitución maximalista de izquierda. La novedad es que abandonó el laicismo, elevando la naturaleza a nueva deidad.

Dada la diversidad del Ecuador -común a cualquier país-, admitamos que solo es viable un marco de encuentro genuino y duradero respetando los límites de una ley suprema, que debe ser expresión de consensos mínimos a nivel de principios, no la versión acabada y paradigmática de una ideología, cualquiera su signo. Tales acuerdos deberían ceñirse al Estado de derecho y al imperio de la ley sobre gobernantes y gobernados sin excepciones; a la organización del poder para que sea garante de los derechos individuales, no su mayor amenaza; la alternancia democrática y la independencia de las funciones; un Estado que evite jugar al empresario o al rector sabelotodo de la vida ciudadana y se concentre en promover el bien común sin definirlo, permitiendo que las circunstancias moderen su énfasis y matices. Y poco más.