Bernardo Tobar Carrión | La calentura no está en las sábanas
Los apagones son fruto de la idiosincrasia, de un complejo colectivo, no de un tecnicismo normativo aislado
La Corte Constitucional, tan imaginativa a la hora de saltarse el texto constitucional -incluso contradecirlo- para favorecer una agenda que ha incluido el matrimonio igualitario, la ideología de género o los derechos de los animales, ha resultado más papista que el Papa cuando se trata de restringir la inversión privada y ahondar el estatismo de Montecristi. La reciente sentencia 112-21-IN/25, relativa a la participación privada en el sector eléctrico, es otra manifestación de un patrón de activismo judicial que ya en el 2012, con una interpretación torpe de los artículos 313, 315 y 316 de la Constitución, prohibió la delegación excediendo los límites y finalidades de las normas interpretadas.
Hecha esta puntualización, no es exacto sostener que la referida sentencia, con todo lo que tiene de desafortunada y cuestionable, impida la inversión privada, pues preserva la principal causal de delegación, a saber, que las necesidades del sistema eléctrico no puedan ser satisfechas por empresas públicas o mixtas. Antes de la decisión de marras la inversión extranjera ya estaba por los suelos y los índices más respetables que evalúan el clima de negocios de un país situaban a Ecuador en el tercio inferior.
Los apagones son fruto de la idiosincrasia, de un complejo colectivo, no de un tecnicismo normativo aislado. La delegación, ya de por sí difícil en los textos legales, es casi inviable en la práctica merced a una mentalidad feudal de la burocracia decisoria -no hay derechos sino licencias-, que no está en Carondelet sino en los tentáculos parasitarios del abultado aparato público, y a la diarrea regulatoria, taras que transforman procesos simples, no se diga ya los relativos a inversiones de escala mayor y proyectos complejos, en pesadillas interminables. Añádase un hambre fiscal que se ha traducido en límites a incentivos tributarios y tasas draconianas con plumazos administrativos hasta impuestos a las utilidades no distribuidas, medida abiertamente incompatible con el crecimiento empresarial.
El ruido contra la Corte desvía la atención sobre la raíz del mal. Desde el 2017 ningún gobierno ha querido levar el ancla socialista y enfrentar la reforma de los sectores estratégicos, ni ha intentado, por lo menos, cortar la grasa reglamentaria para agilizar los procesos indispensables y eliminar los que no lo son, tarea que podrían haber cumplido por decreto ejecutivo.