Bernardo Tobar Carrión | Garrote y zanahoria

Un diseño legal perverso y el deterioro de la conciencia colectiva, entre otros factores, han degradado la política a extremos irrespirables. El ciudadano promedio es irresponsable e incompetente como elector: vota pésimo y jamás se hace cargo de las consecuencias; confía la representación soberana en la Asamblea a quien no designaría como dependiente de una tienda de esquina; no distingue a un dictador en ciernes de una monja de la caridad, aunque se lo dibujen; y es proclive a rendir libertades ante caudillos que prometen capitalizar el sacrificio en el combate al enemigo común, al villano del relato de moda. Así nos encajó la Revolución Ciudadana la estafa de Montecristi. ¿Lecciones aprendidas?

Sustituido el tradicional régimen de partidos por movimientos de alquiler, se cuela en la Asamblea cualquier hijo de vecino sin ninguna formación, experiencia, ideología definida ni credenciales y no son raros los cuasianalfabetos que no hilan un argumento aunque se limiten a leerlo, miembros de bandas criminales, traficantes de la injusticia, matones y hasta prontuariados por violación a menores. No extraña que ese organismo produzca bodrios en lugar de leyes, textos retóricos y equívocos, armados con total desprecio por el idioma y sus reglas, no se diga ya por la técnica legislativa. Y qué decir de los juicios políticos, ejercicios de prestidigitación sin base ni verosimilitud, pero adelantados a trancas y barrancas para cumplir agendas oscuras.

¿A este sainete se pretende someter a los jueces de la Corte Constitucional? ¿Al control de una institución que amnistió a los incendiarios de Quito de 2019 y 2022 y tendió emboscadas para impedir la vindicta pública? El juicio político sería la llave de la puerta trasera del control constitucional, el instrumento de garrote y zanahoria de las mayorías coyunturales, el artificio que torne en papel mojado el último bastión institucional contra el autoritarismo. Hoy se acusa a la Corte de suspender normas, pero la responsabilidad es de la Asamblea, que las redactó ignorando básicos límites constitucionales y errando la diana: ¿por qué no reformaron la malhadada ley de uso progresivo de la fuerza, que inhibe la acción eficaz de los agentes del orden? ¿Por qué no han expedido aún la ley para regular el apoyo de las Fuerzas Armadas a las funciones de la Policía Nacional, habilitado por la reforma constitucional de mayo de 2024?