Se aborda casi siempre el problema de la corrupción pensando dentro de la caja, planteando multiplicar los ya incontables tentáculos de intervención estatal. Así se ahonda, ¡la patria ya es de todos!, el círculo vicioso, pues aumentan procesos, controles, burocracia y, por ende, cuellos de botella, esto es peajes que se salvan con la tasa del soborno, desde la que cobra el agente de tránsito, eslabón inferior de la cadena, hasta las comisiones que embolsica la cúpula máxima de un gobierno y los organismos de control a cambio de contratos inflados y purga de glosas, pasando por todo el espectro omnipresente del permiso previo. De esto hay sobrada evidencia, cuyo pico febril se alcanza a partir de Montecristi. ¿Coincidencia o diseño mafioso?

No hay terreno más propicio para que florezca la delincuencia organizada y parasitaria del poder político, que un entramado regulatorio intervencionista, pesado y policíaco, donde el ciudadano deja de gozar de libertades y se convierte en siervo sin derechos o, lo que es lo mismo, derechos condicionados, supeditados al buen vivir y a licencias que la autoridad concede a capricho, como las mercedes feudales. Es que en la práctica, la ley en el socialismo -del siglo XXI o cualquier otro- no es más que un reclamo publicitario para ingenuos, pues terminan prevaleciendo los enredos normativos secundarios, ese laberinto de reglamentos, políticas públicas -¡muletilla odiosa de los metomentodo!- e instructivos tejidos según el apetito controlador del capo de turno, a contrapelo de las exigencias de libertad del ciudadano. Este laberinto regulatorio es como un pantano pútrido en el que se hunde quien camina según la norma, mientras avanza quien concierta el peaje para circunvalarla.

Más que funcionarios que se malogran ante las arcas abiertas, que ocurre desde siempre, lo que hay es un diseño estructural que hizo de Carondelet, como jamás en la historia, un botín de marca mayor. Porque el poder político de corte autoritario atrae a lo peor de la parroquia, como la mierda a las moscas, con excepciones. No habrá solución de raíz hasta que no se consiga sepultar la Constitución de 2008, que convirtió en ley suprema un esquema perfecto para la metástasis mafiosa en los intersticios del poder. No hay mejor antídoto para el veneno de la corrupción que liberar el mercado y promover la competencia, empezando por los sectores estratégicos.