La solución está en los líderes comunitarios

La Asamblea debe cambiar las leyes y adaptarlas a los requerimientos de la sociedad ecuatoriana actual

La crisis delictiva que azota a Guayaquil es un fenómeno social que nos está destruyendo. Por mi experiencia como líder comunitario y gestor de seguridad he cotejado que en toda el área urbana se está replicando la misma situación en diferentes tipos de negocios. Los robos, asaltos, estruches y sicariato en los exteriores o dentro de los establecimientos generan que sus potenciales clientes -por pánico- dejen de frecuentarlos y consumirles, ocasionando una caída en sus ventas de la que no logran recuperarse. Si sumamos los casos de extorsión que obligan a entregar ingentes sumas de dineros periódicamente, ningún proyecto puede prosperar. Cuando un emprendedor cierra su negocio y devuelve el local a su dueño le quita a este su ingreso económico. ¿Cómo cubrirá los servicios básicos y gastos médicos si se quedó sin renta? Y el emprendedor: ¿cómo atenderá sus necesidades?, ¿qué pasará con los empleados? La lista de afectados es dramáticamente extensa, más si contemplamos la nula recaudación fiscal. Y con la cantidad de espacios que van quedando sin vida, sin actividad, sin energía comercial, barrios enteros que se transforman en lugares mustios, lóbregos, abandonados, que serán ocupados por microexpendedores de drogas, consumidores y ciudadanos en situación de calle, la ciudad deja de ser atractiva para los visitantes y el turismo se afecta. Esto aqueja a un sinnúmero de personas, empresas, instituciones, cadenas hoteleras, restaurantes, empleados, familias. Esta problemática social es prioridad. Si se debe declarar en estado de emergencia al país habrá que hacerlo pues Ecuador quedará destruido por completo si no se toman hoy medidas que permitan cambiar su rumbo. El Gobierno debe retomar las riendas y recuperar el orden constitucional, obligando a los gobiernos seccionales a trabajar conjuntamente con los líderes comunitarios, que son quienes verdaderamente conocen la realidad de cada territorio urbano, y tomar en cuenta la labor de los gestores de seguridad, que son quienes pueden cumplir la función de facilitadores de las relaciones entre comunidad y Policía; ninguna de estas funciones podemos seguir esperando que las ejecuten los concejales municipales por su desconocimiento. El presidente debe brindar a la Policía la capacitación que no reciben desde hace varias promociones y equipamiento de punta. La Asamblea debe cambiar las leyes y adaptarlas a los requerimientos de la sociedad ecuatoriana actual.

Gustavo A. Rivadeneira