Tenemos tantos ladrones que pueden creer que todos somos iguales

Al revisar cualquiera de las adquisiciones que hace, por ejemplo, el IESS, rara será la que se haya realizado sin observaciones, siquiera civiles y/o administrativas. Y no es que falten leyes para evitar la corrupción; sobran, e incluso reglamentos, pues todas las fases a cumplirse están normadas, desde la etapa preparatoria hasta el pago de los bienes o servicios adquiridos, pasando por los períodos precontractual, contractual, ejecución y liquidación. Sin embargo se dan varias interpretaciones a cada regla en función del “interés del intermediario” y los “entendimientos” con la autoridad o grupo de trabajo, incorporándose incluso determinadas “exigencias no previstas” en el ordenamiento jurídico para favorecer a determinada propuesta. La Ley de Contratación Pública dispone, por ejemplo, que el propósito de la subasta inversa es permitir que el Estado adquiera bienes y servicios de “buena calidad”, pero al precio más bajo, lo cual en la compra de medicinas no se cumple porque es fácil ‘pagar’ para que algunos requisitos no se exijan o se acepten certificaciones falsas, sin registro sanitario y ofertas con sobreprecio. Cuando la prensa lo descubre, las autoridades informan que esas anomalías se suscitaron en administraciones pasadas, en lugar de aceptar el perjuicio a la institución y presentar la demanda respectiva en Fiscalía. Bien decía Carlos Julio Arosemena, refiriéndose al actual CNT que lo mejor que se puede hacer con esa empresa es quemarla y sobre sus cenizas construir “otra que no tenga tantos pecados”. ¿Qué hacer con el IESS?

Iván Escobar Cisneros