Los ecuatorianos ya no sabemos qué hacer para que los operadores de justicia, jueces y fiscales, con excepciones, dejen atrás el recuerdo de las sabatinas en las que se dictaban sentencias, atropellando lo derechos humanos y que esa denigrante práctica ya no se la imponga, porque la ley debe siempre prevalecer sobre la política. Del análisis imparcial de los sucedido con los 9 detenidos en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, acusándolos por parte de la Fiscalía de una supuesta paralización de las máquinas que bombean el crudo y que en el proceso no se llegó a probar, porque quienes conocemos las instalaciones de Petroecuador, sabemos lo impenetrables que son esas instalaciones, solo para llegar a las oficinas administrativas, peor para ingresar a las maquinarias protegidas por guardias y trabajadores de esa empresa pública. Los jueces de la Sala de la CNJ que los juzgó y sentenció, no consideró que a las 9 personas se las detuvo por un mismo supuesto hecho y por tanto, a cada uno de ellos, se los debía sentenciar por igual. Pero resultó que la política pudo más que el derecho y el sentido común, a unos se los sentenció a cuatro años y a otros a un año cuatro meses; a cuatro se les concedió la gracia de cumplir la sentencia en libertad; y los cinco restantes que cumplan la condena tras las rejas. ¿A esto puede llamarse justicia con equidad? O estamos permitiendo que la política se imponga sobre la justicia y el derecho.

Gustavo Chiriboga Castro