Cómo es posible que hasta ahora un dirigente político del sector indígena, que debería estar en la cárcel junto a otro que no es dirigente político del mismo movimiento, responsables directos de los actos vandálicos, saqueos, quema del edificio de la Contraloría en Quito, en octubre del 2019, pretenda pedir al presidente de la República que le dé una respuesta a los pedidos del movimiento indígena con respecto de la derogatoria de tres decretos ejecutivos que liberaron los precios de los combustibles y le pone una fecha tope.

Será que actúa así porque la justicia ecuatoriana, simplemente, no funciona desde hace mucho tiempo, sus fallos judiciales dejan mucho que desear y todos los días vemos veredictos y dictámenes que no se compadecen con la realidad, con lo que verdaderamente ha ocurrido y que sus protagonistas, en lugar de estar en la cárcel, están con medidas sustitutivas o alternativas, con arresto domiciliario, con grillete electrónico y en algunos casos como en este, ni siquiera han sido acusados, cuando todo el país fue testigo de lo que ocurrió en ese mes y año.

Voy a tomar las palabras del insigne presidente, maestro y colega académico Jaime Roldós Aguilera, cuando dijo: Insolente recadero. El presidente actual no tiene ni 90 días en funciones y ya pretenden desestabilizar su régimen con medidas de protesta.

Roberto Flores